El municipio de El Oro, en el norte del Estado de México, atraviesa una grave crisis social, luego de que ciudadanos denunciaran represión policiaca, abuso de autoridad y la presunta desaparición de personas, tras una manifestación pacífica para exigir servicios básicos que aseguran han sido abandonados por la administración actual encabezada por la hasta hoy Presidenta Municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza.
De acuerdo con testimonios de vecinos, la protesta se ha prolongado por más de 11 horas y tuvo como principal demanda la recolección de basura, así como la atención urgente a los apagones constantes de energía eléctrica que afectan a la totalidad del municipio. Como acto simbólico, los manifestantes colocaron basura en espacios públicos para visibilizar el deterioro de los servicios.
Durante la movilización, ciudadanos señalaron que elementos de la policía municipal habrían retenido a choferes, sin que hasta el momento exista información oficial sobre su paradero, lo que ha generado alarma, incertidumbre y preocupación entre la población.
Los vecinos responsabilizan directamente a la Presidenta Municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de represión contra la protesta social, omisiones graves y presuntos malos manejos administrativos, los cuales —afirman— se han profundizado en las últimas semanas, provocando caos institucional, desorden urbano y un colapso en la prestación de servicios públicos básicos para la población.
“El municipio está sin luz, sin recolección de basura, sin orden y ahora con miedo. Salimos a manifestarnos de manera pacífica y la respuesta fue la fuerza excesiva y abuso de autoridad”, expresaron ciudadanos durante la protesta.
El descontento social ha escalado a tal nivel que diversos sectores del municipio exigen la destitución de la Presidenta Municipal, al considerar que su administración ha sido incapaz de garantizar derechos básicos y servicios esenciales.
Ante estos hechos, los habitantes del municipio de El Oro realizaron un llamado urgente al Gobierno del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia y a los organismos de derechos humanos, para que intervengan, investiguen las denuncias y garanticen la integridad y seguridad de las personas involucradas.
Los ciudadanos advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta obtener respuestas claras, la localización de las personas presuntamente retenidas y soluciones inmediatas a la crisis que enfrenta el municipio.
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