Por Mónica Monroy – Docente, consultora y analista con más de 15 años de experiencia en educación, desarrollo humano y mercadotecnia
La ampliación del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca ha reabierto una discusión que va más allá del medio ambiente: ¿a quién afecta realmente esta política pública? Aunque su objetivo declarado es mejorar la calidad del aire, en la vida cotidiana el impacto del programa no se distribuye de manera equitativa entre los distintos sectores sociales.
En términos prácticos, la clase media parece ser la más afectada. A diferencia de los hogares de mayores ingresos —que suelen contar con dos o más vehículos y pueden reorganizar su movilidad—, muchas familias de clase media dependen de un solo automóvil para resolver su dinámica diaria: llevar a los hijos a la escuela, trasladarse al trabajo, cumplir horarios extendidos o cubrir trayectos donde el transporte público es insuficiente o inexistente.
Para estos hogares, dejar de circular un día a la semana no es solo una incomodidad. Implica reorganizar tiempos, pagar transporte adicional, depender de terceros o asumir retrasos laborales y escolares. Todo ello se suma a los costos ya asociados a tener un vehículo: verificación, tenencia, seguros, mantenimiento y combustible.
El resultado es una presión económica y logística constante, especialmente para quienes viven en zonas periféricas o con baja conectividad.
En el otro extremo, la población de menores ingresos históricamente ha dependido del transporte público. Si bien enfrenta otros retos —como tiempos largos de traslado y saturación—, el Hoy No Circula no altera de forma directa su patrón de movilidad cotidiana. Así, el programa termina impactando con mayor fuerza a quienes están en medio del espectro social: ni con múltiples opciones privadas ni con una red pública suficientemente eficiente.
A esto se suma un debate de fondo que persiste entre especialistas y ciudadanía: la efectividad ambiental real del programa. Diversos análisis han señalado que la
contaminación urbana no proviene únicamente de los automóviles particulares, sino también de fuentes industriales, transporte de carga, condiciones geográficas y prácticas de combustión menos visibles. Desde esta perspectiva, restringir la circulación de ciertos vehículos puede generar una percepción de acción sin atacar integralmente las causas del problema.
Además, cuando las familias se ven obligadas a usar taxis, transporte por aplicación o unidades más antiguas y contaminantes para suplir la falta del automóvil, el beneficio ambiental se vuelve, cuando menos, cuestionable. La política pública corre entonces el riesgo de convertirse en una carga administrativa y económica, más que en una solución estructural.
El reto no es menor
Mejorar la calidad del aire es una prioridad indiscutible, pero hacerlo a costa de profundizar desigualdades y tensiones cotidianas puede debilitar la legitimidad de cualquier medida. Sin alternativas de transporte público eficientes, incentivos reales para la renovación vehicular o una estrategia integral de control de emisiones, el Hoy No Circula seguirá siendo percibido por muchos como una política que castiga más de lo que corrige.
En una ciudad donde la movilidad define el acceso al trabajo, la educación y el bienestar familiar, vale la pena preguntarse si las soluciones actuales están pensadas desde la experiencia real de quienes sostienen la vida urbana día con día.
Porque entender la realidad local implica mirar más allá de los datos y escuchar la experiencia cotidiana de las personas. -Mónica Monroy
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