El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos contra Personas Adultas Mayores, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar la violencia y el abandono hacia este sector.
Impulso legislativo
La iniciativa fue presentada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y el coordinador de la bancada panista, Pablo Fernández de Cevallos González. La propuesta plantea que esta nueva instancia dependa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y tenga la responsabilidad de dirigir, integrar, coordinar y supervisar las investigaciones, así como ejercer acción penal cuando se trate de delitos contra personas de 60 años y más.
Datos de la población adulta mayor
De acuerdo con datos expuestos en tribuna, en el Estado de México residen actualmente un millón 919 mil 454 personas adultas mayores, lo que representa el 11.3 por ciento de la población total. De ese total:
- Un millón 43 mil 149 son mujeres
- 876 mil 305 son hombres
Se estima que para 2030 la cifra aumentará a 2 millones 867 mil 430 personas, según el Consejo Estatal de Población.
Capacitación especializada
La propuesta contempla que el personal de esta fiscalía reciba capacitación en derechos humanos, sensibilización, tipos de violencia ejercida contra personas adultas mayores y protocolos de actuación y atención especializada.
Cifras de violencia
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron en la entidad 33 mil 693 delitos relacionados con violencia familiar, que incluyen casos de maltrato contra personas adultas mayores.
Marco penal vigente
Actualmente, el Código Penal del Estado de México establece:
- 10 a 15 años de prisión para quien cometa lesiones contra personas adultas mayores.
- Tres a siete años de prisión por violencia familiar, sanciones que se agravan en un tercio y se persiguen de oficio cuando la víctima es mayor de 60 años.
La iniciativa busca fortalecer la procuración de justicia para un sector que, por su condición de vulnerabilidad, requiere atención especializada y mecanismos efectivos para garantizar su protección.
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