Hoy No Circula: cuando el Estado castiga al ciudadano cumplido

✍🏻 Fernando Flores

La contingencia ambiental de los días 13 y 14 de febrero dejó una cifra incómoda que las autoridades prefieren no decir en voz alta: al menos el 20 % de los ciudadanos que cumplen con la norma fueron castigados por un sistema obsoleto. No por contaminar más. No por incumplir. Por cómo cayó el calendario.

Ese es el verdadero saldo del Hoy No Circula bajo contingencia: inequidad institucionalizada.
Durante viernes y sábado, vehículos con calcomanía 0 y 00, es decir, los que acreditan mejores estándares ambientales, fueron obligados a suspender su circulación dos días consecutivos. La razón no fue ambiental, sino administrativa. Un empalme mecánico de reglas viejas, sin corrección, sin compensación y sin el menor análisis de impacto acumulado.
El programa, operado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no distingue emisiones reales ni protege al ciudadano que invirtió en cumplir.

Aplica un esquema rígido que premia la simplicidad operativa y castiga la responsabilidad individual.
El viernes, la restricción se justificó por la regla semanal.
El sábado, por la regla sabatina.
Pero en contingencia, la autoridad decidió arrastrar la sanción, ampliarla y repetirla, incluso cuando ya no correspondía al criterio del día. Así, placas que debían circular fueron nuevamente sancionadas, no por contaminar, sino por inercia normativa.
Eso no es política ambiental moderna.
Es automatismo punitivo.

El dato es claro: uno de cada cinco automovilistas afectados pertenece al grupo que sí cumple. Ciudadanos que verifican, que pagan, que respetan, y que aun así reciben doble o incluso triple castigo, mientras otros no resienten impacto alguno. No existe en la legislación una sola cláusula que limite la afectación interdiaria, que distribuya el costo o que evite sanciones repetidas al mismo grupo.

A esta inequidad se suma un riesgo que las autoridades han decidido ignorar: la inmovilización forzada del ciudadano incluso ante una emergencia de salud. Un programa que impide el uso del vehículo propio sin prever excepciones operativas reales deja a familias enteras vulnerables ante urgencias médicas, traslados hospitalarios o el auxilio inmediato de menores, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. En ese punto, la política ambiental deja de ser preventiva y comienza a rozar la vulneración de derechos fundamentales, al colocar al ciudadano en una disyuntiva inaceptable: cumplir la norma o atender una emergencia vital.

Cuando una norma no mide proporcionalidad, deja de ser justa.
Cuando no corrige desigualdades evidentes, pierde legitimidad.

El Hoy No Circula nació como una herramienta de emergencia. Hoy es un programa envejecido, incapaz de adaptarse a escenarios reales de continuidad, movilidad y responsabilidad ciudadana. Sigue operando como si todos contaminaran igual y como si el cumplimiento no mereciera ningún reconocimiento.

Una política ambiental que castiga al ciudadano cumplido no mejora el aire: erosiona la confianza pública.
Un sistema que sanciona por calendario y no por impacto no es preventivo, es arbitrario.

Y un programa que acepta que 20 % de los afectados sean quienes sí cumplen no está fallando por accidente: está fallando por diseño, y es perfectamente susceptible de observación por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La contingencia puede ser inevitable.
La injusticia normativa, no.
Mientras no se reforme el Hoy No Circula con criterios de equidad real, proporcionalidad y corrección de impactos acumulados, seguirá siendo lo que hoy es: un programa ambiental en el discurso y profundamente injusto en los hechos.