Bajar del 95 %: los sexenios que desmontaron la prevención en México

✍🏻 Abel Trejo Valtierra

La caída de la cobertura de vacunación contra el sarampión en México no es un accidente ni una consecuencia inevitable de la pandemia. Es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo de varios sexenios, pero con una ruptura clara en los últimos años. La prevención no colapsó de golpe: fue desmontada gradualmente hasta perder el estándar que protegía al país.

Durante más de dos décadas —desde finales de los años noventa y a lo largo de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— México sostuvo coberturas de vacunación contra el sarampión iguales o superiores al 95 %, el umbral técnico indispensable para garantizar inmunidad colectiva frente a uno de los virus más contagiosos conocidos.
Ese estándar no era retórico. Era operativo. Se sostenía con compras consolidadas, registros nominales, campañas continuas y un primer nivel de atención funcional. El resultado fue claro: eliminación de la transmisión endémica desde el año 2000.

El quiebre ocurre a partir de 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando la prevención deja de ser prioridad estructural y pasa a ser una variable secundaria del discurso político.
En 2022, la cobertura nacional contra el sarampión cayó a niveles cercanos al 76 %, con una recuperación parcial al 82 % en 2023, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. No se trata de una variación menor. Es la pérdida deliberada del umbral que protege a toda la población.
El sarampión no regresó por mutación ni por azar epidemiológico.

Regresó porque el Estado decidió relajar el estándar que lo mantenía fuera.
Reducir la cobertura 10 o 15 puntos porcentuales no es un error administrativo. Es desactivar la inmunidad colectiva frente a un virus con un R₀ de entre 12 y 18. Es aceptar que un solo caso importado pueda propagarse sin obstáculos. Es trasladar el riesgo del gobierno a la población.

La pandemia explica interrupciones temporales en servicios preventivos.
No explica la falta de corrección posterior.
Lo que siguió no fue una estrategia de recuperación intensiva, sino una suma de omisiones: rediseños improvisados en las compras de biológicos, fallas reiteradas de abasto, debilitamiento del primer nivel de atención, abandono del seguimiento nominal y ausencia de campañas nacionales de regularización de esquemas infantiles.
A diferencia de sexenios anteriores —con todos sus errores—, aquí no hubo una respuesta técnica sostenida para recuperar el estándar perdido. Hubo narrativa. Hubo minimización del problema. Hubo normalización del deterioro.

Y esa normalización es quizá el daño más profundo.

La salud pública funciona cuando el Estado actúa antes de que el problema sea visible. Cuando la prevención no necesita propaganda. Cuando las cifras se corrigen, no se administran discursivamente.
Cuando eso falla, el daño no se presenta de inmediato. Se acumula.

Y cuando emerge, el costo siempre es mayor.

Conviene decirlo sin rodeos: la caída en vacunación también es un problema de seguridad nacional.
Un país que pierde inmunidad colectiva se vuelve vulnerable en escuelas, hospitales, aeropuertos, cadenas productivas y en su credibilidad internacional. La estabilidad no se defiende solo con fuerzas armadas; también se protege evitando brotes que paralizan servicios, elevan el gasto público y erosionan la confianza institucional.

México ya demostró que podía sostener coberturas superiores al 95 %. Ya probó que la logística preventiva funciona cuando se le da prioridad real. Lo que hoy observamos no es una fatalidad histórica ni una herencia inevitable. Es el resultado de una ruptura política con la prevención como política de Estado.

Y en salud pública, romper con el rigor técnico siempre tiene consecuencias.
El virus no tiene ideología.
No distingue proyectos políticos.
No espera a que se corrijan discursos.
Actúa.

Y cuando actúa, exhibe.
Exhibe si el Estado protege o si improvisa.
Si previene o si administra el daño.
La pregunta ya no es si el sarampión puede regresar.
La pregunta es si el gobierno —el actual y los que vienen— está dispuesto a reconstruir el estándar que se abandonó… o si México volverá a aprender, con brotes y con costo social, una lección que ya estaba superada: que la prevención nunca debió dejar de ser moneda de cambio político.