La crisis en el municipio de El Oro, Estado de México, escaló a instancias estatales y federales, luego de que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento presentara una denuncia formal directa contra la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, por la presunta liquidación irregular de 22 obras públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
De acuerdo con la denuncia, las obras habrían sido pagadas, liquidadas y reportadas oficialmente como concluidas, pese a que varias no han sido iniciadas o presentan avances mínimos, aun cuando el plazo legal para su ejecución y entrega ya venció.
El monto observado asciende a cerca de 30 millones de pesos, correspondientes a obras financiadas con recursos de los fondos GIDEM, FEFOM y FAISMUN.
Según los oficios presentados ante las autoridades, los proyectos aparecen como terminados en los informes oficiales, aunque en campo no existen condiciones físicas que acrediten su conclusión.
Obras reportadas como terminadas… pero inconclusas
En la denuncia se advierte que diversas obras aparecen en los reportes financieros y administrativos como totalmente concluidas, cuando en la realidad presentan trabajos pendientes o inexistentes.
Además, se precisa que el plazo legal de ejecución ya se encuentra vencido, lo que agrava la posible irregularidad administrativa y financiera.
Caso emblemático: Telebachillerato de Santiago Oxtenpan
Uno de los casos señalados es el de los módulos y sanitarios del Telebachillerato de Santiago Oxtenpan. De acuerdo con la denuncia:
- En redes sociales oficiales del ayuntamiento se difundieron imágenes como «avances de obra».
- Sin embargo, la obra fue reportada formalmente como terminada y liquidada.
- En campo, no se encuentra concluida y presenta trabajos pendientes.
- El plazo legal de entrega ya venció.
Operaciones financieras sin firma del tesorero
La denuncia también advierte que los movimientos financieros relacionados con estas obras se habrían realizado después de que se hicieron públicas observaciones sobre el manejo de las cuentas bancarias municipales.
Además, se señala que se efectuaron operaciones sin la firma del tesorero municipal, lo que constituye otro de los señalamientos contenidos en los documentos presentados.
Posibles delitos señalados
En los oficios se mencionan como posibles conductas delictivas:
- Ejercicio ilícito del servicio público
- Abuso de autoridad
- Peculado
- Desvío de recursos públicos
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Falsificación y uso indebido de documentos
- Coalición de servidores públicos
- Fraude en perjuicio de la Hacienda Pública
- Encubrimiento
Riesgo de reintegro de recursos
De confirmarse las irregularidades, se advierte que el municipio podría verse obligado a reintegrar recursos federales y estatales, lo que pondría en riesgo la ejecución de obra pública del presente ejercicio fiscal y afectaría directamente a la población beneficiaria.
Solicitan intervención federal y estatal
En los oficios se solicita la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación, así como de autoridades estatales competentes, para la práctica de auditorías y el fincamiento de responsabilidades.
Como parte de la denuncia se anexaron fotografías y copias de los documentos presentados ante distintas instancias.
Protestas sociales y crisis de gobernabilidad
Las denuncias por presuntas obras fantasma ocurren en un vacío político. Desde finales de 2025, el municipio de El Oro ha enfrentado una de las crisis sociales y administrativas más severas de los últimos años en la región norte del Estado de México.
Durante ese periodo se registraron protestas ciudadanas por la falta de servicios públicos básicos, particularmente recolección de basura, suministro de agua y deterioro de infraestructura municipal.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando habitantes inconformes retuvieron y amarraron a funcionarios municipales frente al Palacio Municipal para exigir soluciones y la salida de autoridades responsables.
Posteriormente se realizaron nuevas movilizaciones frente al Ayuntamiento, bloqueos y manifestaciones en las que los ciudadanos exigieron la destitución de la presidenta municipal y denunciaron presuntos actos de corrupción, abandono institucional y crisis financiera.
En algunas protestas se registraron actos simbólicos de presión, como el depósito de basura y desechos frente a oficinas públicas, reflejando el nivel de inconformidad social acumulada.
Estas movilizaciones coincidieron con el conflicto político interno entre la presidenta municipal y miembros del Cabildo, lo que agravó la percepción de ingobernabilidad.
Un conflicto que escaló a nivel estatal
La gravedad de la situación provocó la intervención del gobierno estatal, luego de que el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, sostuviera reuniones por separado con la alcaldesa y con integrantes del Cabildo para atender el conflicto político y administrativo.
Desde entonces, el caso de El Oro ha sido considerado por actores políticos como un problema de gobernabilidad municipal con implicaciones estatales.
Denuncias previas contra la presidenta municipal
Previo a la presentación de la denuncia por las 22 obras públicas, la alcaldesa ya enfrentaba otros señalamientos internos dentro de la administración municipal:
- El propio tesorero municipal presentó una denuncia en su contra por el presunto bloqueo o control irregular de las cuentas bancarias del Ayuntamiento.
- También fue señalada por la adquisición de camionetas de modelo reciente, presuntamente con recursos públicos, y por la difusión de fotografías en redes sociales.
- En el contexto de la crisis de servicios públicos, circularon señalamientos por su presencia en centros comerciales de Metepec mientras se desarrollaban protestas en El Oro.
Un caso que podría escalar políticamente
La nueva denuncia por presuntas irregularidades en obra pública se presenta en un escenario de confrontación política interna, protestas sociales y cuestionamientos al manejo financiero del Ayuntamiento.
El caso de El Oro se perfila como uno de los conflictos municipales más graves del Estado de México en los últimos años, al combinar denuncias de presunta corrupción, confrontación política interna y deterioro de servicios públicos.
El avance de las investigaciones determinará si se trata de irregularidades administrativas o de posibles responsabilidades penales que podrían impactar la permanencia de las autoridades municipales.
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