Administraciones bajo cuestionamiento: el historial de Delfina Gómez

✒️Por Fernando Flores

La trayectoria pública de Delfina Gómez Álvarez ha estado acompañada, en distintas etapas, por observaciones formales de autoridades fiscalizadoras y por resoluciones electorales que marcaron su paso por el servicio público. No se trata de conjeturas ni de versiones partidistas: los antecedentes están documentados en instancias oficiales.
La discusión, por tanto, no es jurídica —en términos penales— sino política y administrativa.

Texcoco: una resolución firme

Durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco, se implementaron descuentos del 10 % al salario de trabajadores del ayuntamiento. El caso fue investigado por el Instituto Nacional Electoral y posteriormente confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La autoridad electoral determinó que dichos descuentos constituyeron un mecanismo indebido de financiamiento partidista, imponiendo la sanción correspondiente al partido político involucrado. No hubo sentencia penal contra la entonces alcaldesa; la responsabilidad determinada fue en materia electoral.
El hecho, sin embargo, dejó un precedente político relevante: trabajadores municipales vieron afectados sus ingresos mediante un esquema que la autoridad calificó como irregular.

SEP: observaciones técnicas y recursos por aclarar

Años después, al frente de la Secretaría de Educación Pública, su gestión fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2021.

Entre los hallazgos documentados se incluyeron:
Más de 830 millones de pesos en montos pendientes de aclaración en distintos rubros.
Deficiencias en documentación comprobatoria.

•⁠ ⁠Inconsistencias en conciliaciones bancarias.

•⁠ ⁠Irregularidades detectadas en el programa “La Escuela es Nuestra”, incluyendo transferencias duplicadas y falta de evidencia suficiente sobre la aplicación de algunos recursos.

Es importante precisar que las observaciones de la ASF constituyen procedimientos de fiscalización administrativa. No implican, por sí mismas, la existencia de delito, sino requerimientos formales para solventar o aclarar el ejercicio del gasto público.
No obstante, políticamente, la magnitud de los montos observados generó cuestionamientos sobre los controles internos y la supervisión financiera en una de las dependencias más sensibles del país.

Estado de México: continuidad bajo escrutinio

Ya como titular del Gobierno del Estado de México, la administración ha enfatizado un discurso de transparencia y evaluación interna.
Sin embargo, revisiones recientes de cuentas públicas han derivado en observaciones por miles de millones de pesos en distintos rubros estatales y municipales, las cuales se encuentran en procesos normales de aclaración conforme a la normativa aplicable.

Como en cualquier gobierno, el resultado final dependerá de la capacidad de solventar técnicamente cada señalamiento. La diferencia, en este caso, es el contexto acumulado.
El debate de fondo
Tres etapas distintas de poder público —municipal, federal y estatal— han estado acompañadas por observaciones formales o resoluciones administrativas.

En Texcoco, existió una determinación electoral firme.
En la SEP, hubo montos relevantes pendientes de aclaración.

En el Estado de México, continúan procesos de fiscalización en curso.
Ninguno de estos elementos constituye, hasta ahora, una sentencia penal en contra de la gobernadora. Pero sí configuran un historial administrativo sujeto a escrutinio constante.

En política, la confianza pública no se construye solo con discurso, sino con estados financieros claros, controles sólidos y resultados verificables.
Las observaciones señaladas corresponden a informes oficiales de órganos fiscalizadores y resoluciones electorales públicas; en los casos referidos, no implican sentencia penal firme en contra de la actual gobernadora.

La transparencia no se proclama: se acredita.