✒️ Fernando Flores
En el sur del Estado de México hay historias que comienzan con un operativo policiaco y terminan revelando cómo se entrelazan el poder político, económico y criminal en una región.
Eso es lo que hoy ocurre en Amanalco y Valle de Bravo, donde el aseguramiento de un rancho durante la Operación Liberación, el 21 de julio de 2025, abrió una trama que involucra empresarios, autoridades municipales y una de las organizaciones criminales más influyentes del sur mexiquense.
El operativo que sacudió la región
Ese día fuerzas federales y estatales —Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México— desplegaron acciones simultáneas en varios municipios del sur del estado.
El objetivo era desmantelar una red dedicada a extorsionar comerciantes y controlar sectores económicos completos, particularmente el mercado de materiales de construcción.
La investigación apuntaba a una estructura vinculada con La Familia Michoacana, organización criminal con presencia histórica en esa zona.
El empresario del cemento
Entre los detenidos apareció Eli “N”, empresario de materiales de construcción en la región.
Las investigaciones señalan que el esquema operaba con una lógica clara:
comerciantes obligados a comprar cemento y materiales a proveedores específicos
constructores presionados para pagar cuotas
transportistas sometidos a cobros para poder ingresar a la zona.
Quien se negaba podía enfrentar amenazas, intimidaciones o secuestro exprés, según las denuncias integradas en la investigación.
Ese modelo permitió controlar el precio del cemento y los materiales en el corredor Valle de Bravo–Amanalco, un negocio multimillonario debido al crecimiento inmobiliario y turístico de la región.
El rancho de Amanalco
Durante el operativo, las autoridades detuvieron al empresario en un rancho de más de 10 hectáreas ubicado en Amanalco, propiedad que quedó bajo aseguramiento ministerial.
Ese tipo de aseguramiento significa que el inmueble queda bajo control del Estado mientras se determina si procede: decomiso
devolución al propietario
o extinción de dominio.
En teoría, mientras ese proceso no concluya la propiedad no puede venderse ni transferirse.
Sin embargo, en el corredor inmobiliario de Valle de Bravo circula desde hace meses una versión persistente: un rancho de gran extensión en Amanalco estaría siendo ofrecido de manera discreta a compradores privados.
Si esa versión fuera cierta, la pregunta es inevitable:
¿quién está intentando vender un inmueble asegurado por la Fiscalía?
El vínculo político
La historia dio un giro cuando se confirmó que Eli “N” es padre del segundo regidor de Valle de Bravo, Diego Jiménez Jasso.
El dato encendió alertas en la región.
Porque durante años el negocio de los materiales de construcción ha sido una de las llaves del desarrollo inmobiliario en el corredor turístico más importante del Estado de México.
Controlar ese mercado significa, en muchos casos, controlar el crecimiento urbano de toda la zona.
La caída de la alcaldesa
La trama se volvió aún más delicada cuando meses después las autoridades federales detuvieron a la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, investigada por presuntos vínculos con estructuras criminales que operaban en el municipio.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales del sur mexiquense.
Durante el mismo operativo y en acciones posteriores también fueron detenidos familiares y operadores políticos vinculados al círculo cercano del gobierno municipal, lo que profundizó la sospecha de que el sistema de extorsión no sólo operaba desde el ámbito empresarial.
También tenía ramificaciones dentro del poder político local.
El mapa económico del control criminal
En el sur del Estado de México el control territorial no se ejerce únicamente con violencia.
También se ejerce dominando sectores productivos clave.
Investigaciones de seguridad han identificado al menos cuatro mercados estratégicos bajo presión criminal en la región:
• materiales de construcción
• transporte de carga
• explotación forestal
• comercio de carne.
El negocio del cemento es especialmente sensible en municipios como Valle de Bravo y Amanalco, donde el desarrollo inmobiliario mueve millones de pesos cada año.
La pregunta que sigue abierta.
Hoy, a casi un año de la Operación Liberación, el caso sigue dejando preguntas incómodas.
La principal es directa:
¿quién tiene hoy la posesión real del rancho asegurado en Amanalco?
Y la segunda, aún más delicada:
¿quién está intentando venderlo?
Porque si el inmueble continúa bajo aseguramiento ministerial, su comercialización sería jurídicamente imposible.
Pero si ya no lo está, la pregunta entonces cambia de tono:
¿quién autorizó su liberación y bajo qué condiciones?
El silencio que incomoda
El rancho de Amanalco se ha convertido en un símbolo.
No sólo de una investigación judicial, sino de un sistema que durante años permitió que la economía regional, la política municipal y el crimen organizado convivieran dentro de una misma estructura de poder.
Si esa propiedad —asegurada en un operativo contra la extorsión— hoy circula silenciosamente en el mercado inmobiliario, entonces el problema ya no es únicamente legal.
Es político.
Y en el sur del Estado de México esa es la pregunta que muchos comienzan a hacerse en voz baja:
¿se está desmontando realmente el sistema… o simplemente está cambiando de manos?
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