🖋️ Fernando Flores
En un país donde millones de adultos mayores sobreviven con pensiones que apenas rebasan los 6 mil pesos mensuales, existe una realidad paralela: la de miles de exfuncionarios que reciben ingresos vitalicios que pueden superar, en casos extremos, el millón de pesos al mes. No es una exageración ni un mito. Es un sistema documentado, financiado con recursos públicos y, pese a las reformas recientes, aún vigente en buena medida.
Este fenómeno, conocido popularmente como “pensiones de oro”, no es una figura legal, sino una expresión que sintetiza una profunda desigualdad estructural dentro del aparato del Estado mexicano.
I. Los números que explican el escándalo
Las cifras son contundentes.
Investigaciones recientes han revelado que existen al menos:
• Más de 6 mil exfuncionarios con pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales.
• Entre 3,400 y 5,600 personas reciben montos por encima del salario presidencial.
• Al menos cuatro casos documentados superan el millón de pesos mensuales.
Entre los ejemplos más emblemáticos destacan exdirectivos de empresas del Estado, particularmente en sectores estratégicos como energía y electricidad, donde los esquemas contractuales heredados permitieron jubilaciones con condiciones extraordinarias.
Algunos nombres han salido a la luz pública:
• Carlos Arturo Sánchez Magaña (Pemex): más de 1.1 millones de pesos mensuales
• Jorge Evodio Chapa de la Torre (Luz y Fuerza del Centro): más de 1 millón mensual
• Edgar Velázquez Butrón: más de 1 millón mensual
• Kenneth Sydney Smith Jacobo: cifras similares
Estos montos contrastan brutalmente con la realidad nacional. Mientras un ciudadano promedio recibe entre 6 mil y 8 mil pesos mensuales, estos exfuncionarios pueden percibir hasta 150 veces más.
II. El origen del privilegio
El problema no surgió de la noche a la mañana. Es resultado de décadas de acumulación de beneficios en distintos niveles del gobierno:
1. Contratos colectivos privilegiados
En empresas del Estado como Pemex o la CFE, los contratos laborales permitieron:
• Jubilaciones anticipadas
• Integración de bonos al salario base
• Pensiones calculadas con el último sueldo
2. Regímenes especiales
Altos funcionarios, jueces, magistrados y directivos accedieron a esquemas distintos a los del IMSS o ISSSTE, con condiciones mucho más favorables.
3. Falta de controles y transparencia
Durante años, estos beneficios se otorgaron sin supervisión efectiva ni rendición de cuentas clara.
III. El caso de la élite institucional
Uno de los puntos más delicados es el de los altos cargos del Estado.
Poder Judicial
Los ministros en retiro han mantenido esquemas que les permiten percibir entre 200 mil y 350 mil pesos mensuales bajo la figura de “haber de retiro”. Este modelo incluye:
• Pago vitalicio
• Ajustes automáticos
• Prestaciones adicionales
Banca de desarrollo
Exdirectivos de instituciones financieras públicas también han accedido a pensiones superiores a los 200 mil pesos mensuales.
IV. La reforma de 2026: ¿cambio real o ajuste parcial?
Ante la presión social, el Estado mexicano impulsó en 2026 una reforma que busca poner fin a estos excesos.
Principales medidas:
• Tope máximo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales
• Ninguna pensión superior al 50% del salario presidencial
• Reducción de hasta 80% en algunos casos
Sin embargo, hay excepciones clave:
1. Derechos adquiridos
Las pensiones ya otorgadas no pueden eliminarse fácilmente por principios constitucionales.
2. Poder Judicial
Mantiene su régimen especial bajo el argumento de independencia institucional.
3. Fuerzas Armadas
Conservan intactos sus esquemas por razones de seguridad nacional.
Esto significa que, aunque el sistema está cambiando hacia el futuro, el legado del pasado sigue vigente.
V. Estado de México: la opacidad silenciosa
A diferencia del ámbito federal, en el Estado de México el fenómeno es menos visible, pero no inexistente.
En instituciones como el ISSEMyM, así como en organismos descentralizados y universidades públicas, existen indicios de:
• Pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales
• Falta de transparencia en los listados de beneficiarios
• Información fragmentada o difícil de acceder
Municipios como Toluca o Metepec no están exentos de este problema, aunque la opacidad dificulta su dimensionamiento real.
VI. Cómo investigar lo que el poder no quiere mostrar
La ruta para documentar estas irregularidades existe, aunque requiere método:
1. Plataforma Nacional de Transparencia
Permite consultar listados de pensionados y montos.
2. Solicitudes de información
Se pueden exigir datos específicos, como:
• Pensiones mayores a cierto monto
• Listado completo de jubilados
3. Auditorías públicas
Revelan pagos indebidos, irregularidades y esquemas inflados.
4. Portales de nómina
Algunas dependencias publican información parcial que puede cruzarse.
VII. El fondo del problema: desigualdad institucionalizada
Más allá de nombres y cifras, el problema de las pensiones de oro es profundamente estructural.
No se trata únicamente de excesos individuales, sino de un sistema que durante décadas permitió:
• Privilegios para una élite burocrática
• Desigualdad en el acceso a la seguridad social
• Uso discrecional de recursos públicos
La reforma actual es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de:
• Transparencia total
• Revisión de regímenes especiales
• Rendición de cuentas efectiva
VIII. Conclusión: el privilegio que aún respira
México no ha erradicado las pensiones de oro. Las ha acotado.
El país se encuentra en una transición: entre el viejo modelo de privilegios y un intento de equidad que todavía enfrenta resistencias institucionales.
La pregunta de fondo no es si existen —porque está demostrado que sí—, sino cuánto tiempo más podrán sostenerse en un contexto de creciente exigencia social.
Porque mientras millones envejecen en la precariedad, cada peso destinado a una pensión desproporcionada no es solo un gasto: es un recordatorio de que la desigualdad también se construye desde el Estado.
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