La titular de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto, no se presentó a comparecer ante la Fiscalía de Córdova, Veracruz, para responder a las acusaciones que varias empresas de esa zona interpusieron en su contra por negligencia y abuso en sus funciones el pasado 19 de octubre.
La acusan de haber negado a varias empresas veracruzanas su derecho a abastecerse de gas natural directamente de los ductos de Pemex, favoreciendo a Gas Natural del Noroeste (GNN), del Grupo SIMSA, propiedad de Nessim Issa Tafich, para poder obtener en 2019 más de 40 contratos de exclusividad para el transporte y distribución de ese combustible, fijando arbitrariamente los precios del combustible.
Con esto Pemex abandonó al 70 por ciento de sus clientes para darle la exclusividad a GNN, afectando a empresas como Destiladora del Valle SA de CV y Distcamp, SA de CV, así como de otros 20 pequeños negocios, a pesar de que sus contratos vencían hasta 2023. Además de ser sometidos a cobros excesivos por parte de GNN, emisión de facturas infladas y acusaciones judiciales contra ellas por negarse a pagar, lo que los ha llevado al punto de “bajar la cortina” y recortar su planta de trabajadores.
Sobre este caso, Beda Carreto, culpó a la Comisión Reguladora de Energía de haber cancelado los contratos de manera unilateral. Por ello, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Gas Natural y la misma Comisión Federal de Electricidad, realizan investigaciones al respecto.
La funcionario de Pemex fue citada nuevamente por la Fiscalía, y le fijaron fecha para el 13 de noviembre.
Familia ligada a escándalos de corrupción
En julio de 2020, la Fiscalía General de la República solicitó congelar las cuentas de todos los negocios de Nessim Issa Tafich, así como las de sus hermanos y las de Antonio Juan Marcos Issa, Salomón Marcos Villarreal y Antonio Juan Marcos Villarreal. Además en 2001, Antonio Juan Marcos Issa, tío de Nessim, fue vinculado e investigado por su participación en al caso Pemexgate, a través del cual políticos y sindicalistas protagonizaron un desvío de 123 millones de dólares hacia la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida.
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