Los gobiernos deben adoptar un marco jurídico que permita frenar los delitos cometidos contra el ambiente, incluyendo la medición del impacto causado para que la pena sea ejemplar y se repare el daño causado al medio ambiente, planteó la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez.
La jueza penal participó en el Primer Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental. Retos y oportunidades desde la educación para fortalecer el combate al crimen organizado y promover la cultura de la legalidad, coordinado por la Escuela Libre de Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Escalante Ramírez expresó que fortalecer el sistema de justicia ambiental, implica la adecuación de la ley a protocolos y normas internacionales que permitan medir el impacto causado, para que la imposición de la pena por la comisión de los delitos no solo sea ejemplar sino también contribuya a la reparación del ambiente.
En el panel «La importancia de la justicia ambiental en la impartición y procuración de justicia» moderado por Miriam Rubio, analista del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques UNODC México, señaló que el Código Penal del estado contempla tres tipos de delitos: contra el medio ambiente, contra la flora y fauna silvestre, y el de maltrato ambiental, cuyas penas van de dos a ocho años de prisión.
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