Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó retirar el candado de 10 años a funcionarios que, una vez dejen su cargo, busquen trabajar en el sector que regularon mientras estaban en la función pública.
De acuerdo con el ministro presidente, Arturo Zaldívar, la norma no cumple el criterio de necesidad y establece un “plazo demasiado largo”, al igual que cubre un universo demasiado amplio ya que la prohibición consideraba a todos los servidores públicos de cargo superior.
Explicó que esta regla no puede aplicarse de la misma manera para todos los altos cargos ya que manejan información diferente.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto me parece que la norma es sobreinclusiva”, afirmó.
Para el ministro Alberto Pérez Dayán, esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios es lo que lo llevó a votar a favor de la inconstitucionalidad.
Mientras que el ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“En la Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año. ¿Cuál sería entonces la sanción que se debería aplicar? Y, ¿cómo sería el supuesto que se está incumpliendo si una ley dice un periodo y la otra dice otro?”.
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que buscaba generar ahorros en el gasto público.