El expresidente de EE.UU. insiste en investigar a autoridades mexicanas con presuntos nexos criminales, lo que pondría a prueba la cooperación del gobierno de Sheinbaum.
En su estrategia contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, Donald Trump ha puesto en la mira a políticos mexicanos con presuntos vínculos con los cárteles. Su postura endurece la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, que deberá definir hasta dónde está dispuesto a colaborar con Washington en la entrega de figuras consideradas “objetivos” por Estados Unidos.
Señalamientos desde la Casa Blanca
Desde febrero pasado, la Casa Blanca ha acusado al gobierno mexicano de tener una “relación intolerable” con los cárteles de la droga, permitiendo su operación sin restricciones.
El 3 de marzo, el expresidente Trump lanzó una fuerte declaración en la que acusó que los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas, y que operan con protección del gobierno mexicano.
“Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes operan sin trabas debido a una relación inaceptable con el gobierno de México”, señaló.
Estas declaraciones han avivado el debate sobre la presunta colusión de autoridades mexicanas con el crimen organizado, un problema que expertos aseguran ha existido por décadas y que ha permitido la expansión de los grupos delictivos en el país.
La presión sobre el gobierno de Sheinbaum
De acuerdo con especialistas, si México quiere demostrar cooperación con EE.UU., el gobierno deberá estar dispuesto a entregar a políticos y funcionarios que sean señalados como parte de estas redes de protección.
Sandra Ley, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señala que los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades no solo se limitan a niveles federales, sino que se gestan desde lo local.
“Las redes de protección desde el Estado al crimen organizado existen en una multiplicidad de países donde ha florecido el crimen organizado. El nivel federal no es el único; muchas de estas redes de protección se gestan desde lo local”, explica.
En este contexto, México enfrenta una prueba diplomática clave. Un eventual regreso de Trump a la presidencia podría traducirse en exigencias más directas hacia el gobierno de Sheinbaum para que colabore con investigaciones o incluso con extradiciones de políticos relacionados con el narco.
Mientras tanto, la relación bilateral sigue marcada por el fentanilo, la migración y ahora, por la creciente presión de Washington sobre los presuntos “narcopolíticos” en México.
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