Luego de que el expresidente Ernesto Zedillo criticara la reforma judicial impulsada por el actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe si existe alguna investigación en curso en su contra por su papel en el Fobaproa, el controvertido rescate bancario que convirtió deudas privadas en deuda pública durante su sexenio (1994-2000).
“¿No debería la FGR decir si hay una investigación abierta sobre este asunto?”, planteó Sheinbaum, quien recordó que el Fobaproa representó una pesada carga financiera para millones de mexicanos. Aseguró que no se trata de una persecución, sino de “poner en contexto” las críticas del exmandatario.
En respuesta, legisladores de Morena en el Senado de la República anunciaron que alistan la creación de una comisión especial para investigar la gestión de Zedillo, particularmente su responsabilidad en el endeudamiento del país mediante el Fobaproa y su posterior conversión en IPAB.
Durante un evento en Estados Unidos, el expresidente dijo que “los líderes autoritarios se sienten amenazados por la independencia judicial”, en clara alusión al gobierno actual, y afirmó que los ataques en su contra son parte de una estrategia para desviar la atención del electorado.
“La reforma judicial que promueven no es para mejorar la justicia, es para concentrar el poder. Y cuando uno alza la voz, lo atacan con calumnias y distorsiones históricas”, acusó.
Sheinbaum, por su parte, sostuvo que Zedillo no tiene autoridad moral para hablar de democracia ni justicia, cuando durante su gobierno —afirmó— “se profundizó la desigualdad, se endeudó al país y se impusieron decisiones de espaldas al pueblo”.
La confrontación entre ambos personajes ha revivido uno de los episodios más polémicos de la historia económica reciente de México y ha puesto en el centro del debate la rendición de cuentas de expresidentes.
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