Corrupción urbana en Lerma: autorizan licencias ilegales en zona protegida bajo el mandato de Miguel Ángel Ramírez Ponce

Por: Venecia

Metepec, Méx 6 de julio de 2025; En el Estado de México, el municipio de Lerma enfrenta una de las denuncias más graves por corrupción urbanística de los últimos años. Una investigación reveló que el Ayuntamiento, bajo la administración del presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, autorizó licencias de construcción ilegales dentro de un Área Natural Protegida (ANP), violando normativas ambientales, urbanas y penales.

La licencia de construcción número 027/2023 fue emitida para un predio ubicado en el fraccionamiento Club de Golf Los Encinos, dentro del área denominada “Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo”, una zona clasificada legalmente como protegida por su valor ecológico. Sin contar con dictámenes técnicos ni estudios de impacto ambiental, se permitió una densidad de construcción superior a la legalmente establecida. Todo esto fue avalado por autoridades municipales en funciones, en lo que se presume como un acto sistemático de corrupción y colusión.

Violaciones legales documentadas

El caso no se trata únicamente de una falta administrativa: los hechos constituyen posibles delitos tipificados por el artículo 189 del Código Penal del Estado de México, por autorizar densidades no permitidas y alterar el uso de suelo en zonas ecológicamente restringidas. Además, se ignoraron procedimientos obligatorios como los estudios técnicos justificativos y las autorizaciones de impacto ambiental que exige la ley estatal.

La construcción autorizada no solo va en contra del reglamento del fraccionamiento, sino también de la normatividad urbana de Lerma y la legislación ambiental estatal. Esta licencia fue modificada sin sustento jurídico y emitida sin control ni supervisión de autoridades estatales, lo que agrava aún más el daño a la legalidad y al patrimonio ambiental del Valle de Toluca.

Funcionarios implicados y red de protección institucional

La licencia irregular fue firmada por David Gutiérrez Álvarez, quien fungía como director de Desarrollo Urbano hasta el 31 de diciembre de 2024. Su sucesor, José Dolores Ramírez Montes de Oca, también ha sido denunciado por encubrimiento al dar continuidad a prácticas ilegales sin corregir las irregularidades detectadas. Actualmente, la directora Jessica Palafox Gutiérrez es señalada por emitir respuestas oficiales que encubren las faltas cometidas por sus antecesores. De hecho, ya fue apercibida formalmente por la Fiscalía de Fraccionadores del Edomex, que le exige abstenerse de continuar facilitando actos ilegales.

A nivel político, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce ha sido acusado de proteger a los funcionarios implicados. Según testimonios y documentos, habría asignado defensa legal particular a David Gutiérrez Álvarez con recursos públicos, a través del abogado José Luis Altamirano Barrueta, lo cual refuerza la hipótesis de encubrimiento desde el más alto nivel de gobierno local.

Audiencia penal y posible evasión

El 27 de junio de 2025 estaba programada la audiencia de formulación de imputación en contra de David Gutiérrez Álvarez. Sin embargo, el imputado no compareció, por lo que el juez lo apercibió formalmente y reprogramó la audiencia para el mes de julio. Se sospecha que intenta sustraerse de la acción penal, lo que podría agravar su situación legal.

Documentos que sustentan el caso

Actualmente, en Edoméx Ahora ya se cuentan con los documentos oficiales que sustentan este caso de corrupción urbanística:

Licencia de construcción 027/2023

Oficios y respuestas firmadas por Jessica Palafox que confirman omisiones deliberadas

Dictamen pericial de ingeniería que acredita violaciones técnicas y urbanísticas

Constancia oficial que certifica el estatus del predio como Área Natural Protegida

Números de carpeta de investigación en curso

Este caso refleja cómo la corrupción en el ámbito municipal puede destruir ecosistemas protegidos y violar el marco legal ambiental y urbano. La estructura operativa que permitió estas licencias ilegales sigue activa y protegida políticamente. Mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones, la sociedad civil exige justicia y transparencia. El caso Lerma se perfila como un ejemplo de impunidad si no se aplican sanciones contundentes.