Ciudad de México | 15 de julio de 2025
Por: Redacción Edoméx Ahora
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes 15 de julio que la Consejería Jurídica de la Presidencia ya interpuso formalmente una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.
La acción legal se dio luego de que Lichtman la señalara públicamente, durante una audiencia en Estados Unidos, como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.
“La Consejería Jurídica ya presentó la demanda. Para mí, ya no es tema”, declaró Sheinbaum desde Palacio Nacional.
La presidenta insistió en que no permitirá ataques infundados contra su persona ni contra el Estado mexicano. Sin embargo, el reclamo se da mientras el propio gobierno que representa —y antes integró como aliada de López Obrador— celebró públicamente el juicio contra Genaro García Luna, el cual se construyó a partir de testimonios de narcotraficantes protegidos por Estados Unidos, sin pruebas documentales directas.
La demanda contra Jeffrey Lichtman: “Para mí, ya no es tema”
La presidenta explicó que el proceso quedará en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia y no hará más declaraciones al respecto.
La demanda se presentó en México, argumentando que las declaraciones del abogado, aunque hechas en EE.UU., tuvieron impacto en el territorio nacional, donde afectaron la imagen y credibilidad de la mandataria.
En lugar de buscar justicia en Estados Unidos —donde una figura pública debe probar “malicia real” para sostener una demanda por difamación—, el gobierno federal optó por el sistema mexicano, más favorable en este tipo de casos.
Negociar con narcos: lo que Sheinbaum ahora critica
El conflicto legal con Lichtman no es el único frente que la presidenta ha abierto con Estados Unidos. En días recientes, Sheinbaum también criticó que el sistema judicial estadounidense esté negociando con líderes del narcotráfico mexicano, como Ovidio Guzmán e incluso “El Mayo” Zambada, a cambio de cooperación o información.
“Han dicho que no negocian con terroristas… pero luego negocian. Eso lo tiene que explicar el gobierno de Estados Unidos”, expresó la presidenta en una de sus conferencias matutinas.
También señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido informada ni incluida en estos acuerdos judiciales, lo cual considera una falta de respeto a la soberanía de México.
El juicio contra García Luna: celebrado por el mismo gobierno
Sin embargo, la postura de Sheinbaum resulta contradictoria si se recuerda cómo, hace apenas dos años, tanto ella como el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador celebraron el juicio y condena del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, funcionario clave en el sexenio de Felipe Calderón.
Aquel juicio se sostuvo casi exclusivamente en testimonios de criminales confesos —como Jesús “El Rey” Zambada, Sergio Villarreal “El Grande”, y otros exintegrantes del Cártel de Sinaloa—, quienes colaboraron con la fiscalía estadounidense a cambio de beneficios legales.
No hubo pruebas documentales contundentes, pero el veredicto fue usado como bandera política por la 4T para hablar de un “narcoestado” y atacar al calderonismo.
De hecho, en aquel juicio contra García Luna nadie en el gobierno mexicano objetó el uso de esos testimonios, ni se pidió “coordinación con la FGR” como hoy exige Sheinbaum.
La demanda se presentó en México, no en EE.UU.
En lugar de iniciar acciones legales en cortes estadounidenses —donde la defensa de la libertad de expresión es más amplia—, la demanda contra Lichtman se presentó en territorio mexicano.
Esto obedece tanto a razones jurídicas como políticas:
• Legalmente, es más fácil ganar una demanda por difamación en México.
• Políticamente, el mensaje queda bajo control mediático y jurídico del Ejecutivo.
• Simbólicamente, Sheinbaum refuerza la idea de defensa de la soberanía nacional.
Conclusión: ¿Justicia o cálculo político?
Este nuevo conflicto entre México y Estados Unidos vuelve a mostrar los límites del discurso oficial: mientras se exige respeto a la soberanía, se celebran los fallos judiciales de EE.UU. cuando convienen políticamente.
Y mientras se demanda a un abogado por acusaciones sin pruebas, se olvida que los juicios previos de los que se beneficiaron también se basaron en testimonios criminales sin evidencia documental sólida.
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