La crisis del agua: un problema de infraestructura olvidada

Por: José Manzur Lizárraga

La crisis hídrica que atraviesa México no es una sorpresa. Desde hace años especialistas, académicos y organizaciones civiles han advertido que la falta de inversión en infraestructura para el agua y el drenaje nos llevaría a un escenario de escasez y vulnerabilidad. Hoy, muchas presas vacías, cortes de suministro y sistemas de drenaje colapsados nos recuerdan que no se trata de una amenaza futura: la emergencia ya nos ha alcanzado.
El problema no radica únicamente en la sequía ni en los cambios climáticos globales, aunque ambos, son factores innegables. El verdadero trasfondo está en décadas de abandono a la infraestructura hídrica. Las redes de distribución de agua potable presentan fugas que, en algunos estados, superan el 40 % del total del suministro; mientras tanto, los drenajes colapsan con lluvias cada vez más intensas, provocando inundaciones que afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. México está atrapado en una paradoja: carece de agua en muchas zonas, pero desperdicia millones de litros todos los días por la falta de mantenimiento.

El problema es que el político actual no quiere gastar en infraestructura que no es visible para los votantes, agudizando así el problema.
A este panorama se suma la inequidad en el acceso. Mientras algunos sectores urbanos reciben un flujo continuo —aunque no siempre de calidad—, colonias enteras en el Estado de México, Monterrey o la propia Ciudad de México dependen de pipas, con sobrecostos que golpean los bolsillos de las familias. La crisis hídrica no solo es un tema ambiental o de gestión: es también un problema de justicia social.
Ante ello, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente y reactiva. Se invierte en obras de gran escala, como trasvases o megaproyectos, pero se deja de lado el mantenimiento cotidiano que permitiría alargar la vida útil de la infraestructura existente. Un drenaje en buen estado, una planta de tratamiento funcional o una red de tuberías reparada representan menos gasto que la construcción de proyectos faraónicos que suelen terminar incompletos o politizados.
¿Qué hacer entonces? El país necesita una política hídrica integral basada en tres ejes urgentes:
Mantenimiento y modernización: destinar recursos para reparar fugas, renovar tuberías y garantizar la operación de plantas de tratamiento. No es aceptable que gran parte del agua tratada en México no cumpla con estándares de calidad o que se vierta directamente a ríos y lagos contaminándolos.

Gestión equitativa y transparente: garantizar que las comunidades más marginadas tengan acceso real y suficiente al agua. La distribución no puede seguir respondiendo a criterios políticos o clientelares; se requiere un padrón transparente de usuarios y un sistema de tarifas justo.
Educación y cultura del agua: invertir en infraestructura debe ir acompañado de un cambio en la manera en que sociedad y gobierno valoran este recurso. Sin campañas de concientización, cualquier esfuerzo técnico será insuficiente.
México no puede aspirar a un desarrollo sostenible sin resolver su crisis hídrica. Invertir en infraestructura para agua y drenaje no es un lujo ni una obra secundaria: es la base para garantizar salud pública, seguridad alimentaria y resiliencia ante el cambio climático. Más aún sabiendo que hay lugares del país en los que se pierde la mitad del agua que fluye por las tuberías, mientras hay comunidades y municipios en los que el vital líquido es un lujo. Ignorar este reto agudizará en el largo plazo la crísis hídrica que ya enfrentamos.