Aprueban hasta 24 años de cárcel para “montachoques” en el Estado de México

Por: Ana Ávila
Toluca, 30 de octubre de 2025

El Congreso del Estado de México aprobó sanciones de hasta 24 años de prisión para quienes provoquen choques vehiculares con el propósito de obtener dinero mediante amenazas o engaños, práctica conocida popularmente como la de los “montachoques”.

La reforma al Código Penal estatal, impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), tipifica estas acciones como extorsión, delito que actualmente se castiga con hasta 12 años de prisión y 1,500 días multa. Con las nuevas agravantes, la sanción podrá duplicarse cuando las víctimas sean mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, alcanzando penas de hasta 24 años y 3,000 días multa.

Durante la sesión legislativa, el parlamentario destacó la importancia de reconocer esta práctica como una forma de extorsión organizada, al señalar que “los montachoques no son accidentes, sino delitos que lucran con el miedo de los automovilistas”.

El dictamen, leído por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, advierte que este modus operandi involucra amenazas, daños materiales, lesiones y pérdidas patrimoniales. Además, ha generado una creciente preocupación ciudadana, sobre todo en zonas urbanas donde estos incidentes son más frecuentes.

La reforma tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial y la confianza en el espacio público, mediante sanciones más severas y mecanismos jurídicos que inhiban este tipo de delitos.

Con esta medida, el Estado de México se convierte en una de las primeras entidades del país en legislar de manera específica contra los “montachoques”, junto con la Ciudad de México y Morelos, donde ya existen disposiciones similares.

Un fenómeno delictivo en expansión

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades de seguridad vial, los “montachoques” han pasado de ser incidentes aislados a formas de extorsión coordinada que operan en avenidas de alta congestión, como López Portillo, Periférico, Gustavo Baz y Paseo Tollocan. Los grupos suelen actuar en pareja o en células de tres o cuatro personas, a bordo de vehículos compactos o motocicletas, para provocar colisiones y exigir dinero en efectivo a los automovilistas.

Las víctimas más frecuentes son mujeres que conducen solas, personas mayores o conductores jóvenes inexpertos, a quienes los extorsionadores amenazan con “llamar al seguro” o “al Ministerio Público” si no pagan de inmediato. En algunos casos, incluso simulan lesiones para aumentar la presión sobre la víctima.

De la falta administrativa al delito de extorsión

Antes de esta reforma, la mayoría de los casos eran tratados como “faltas administrativas” o choques simples, lo que impedía que los ministerios públicos actuaran de oficio.

Con la modificación al Código Penal, el delito se reclasifica como extorsión, lo que permitirá la detención inmediata de los responsables y el inicio de investigaciones penales sin necesidad de que la víctima aporte pruebas adicionales.

De esta forma, el Congreso busca cerrar la brecha legal que favorecía la impunidad, y dar herramientas jurídicas a las autoridades viales y ministeriales para actuar con rapidez ante la denuncia.

Implicaciones legales y alcance nacional

En términos jurídicos, la reforma no crea un nuevo delito, sino que fortalece el tipo penal de extorsión, ampliando su alcance a los casos de accidentes provocados.
El incremento de penas hasta los 24 años se aplicará solo cuando se acredite la vulnerabilidad de la víctima, lo que obligará al Ministerio Público a reunir pruebas que sustenten la agravante.

El Estado de México se coloca así como referencia nacional, pues otras entidades —como Puebla y Jalisco— ya analizan iniciativas similares para combatir este tipo de extorsión vial.

Prevención ciudadana y responsabilidad compartida

Autoridades y especialistas en seguridad vial recomiendan a los conductores no descender del vehículo tras un choque sospechoso, llamar al 911 o a su aseguradora y documentar la escena con el celular.
En redes sociales, diversas asociaciones de automovilistas han alertado sobre bandas dedicadas a este delito, e insisten en la importancia de la denuncia inmediata para evitar la impunidad.

La aprobación de esta reforma también envía un mensaje social: la extorsión ha mutado de las llamadas telefónicas a las calles, afectando directamente la confianza ciudadana y la seguridad vial. Sin prevención, denuncia ni acompañamiento institucional, el endurecimiento de penas no será suficiente para erradicar el problema.