Fotomultas: el alto costo político de medidas gubernamentales impopulares

Columna: Primera Fila
Por: Horacio Morales

Cada sexenio promete algo distinto, pero hay políticas públicas que parecen condenadas a repetir su propio fracaso.
Las fotomultas en el Estado de México son una de ellas.

Veinte años después de su primer intento, el gobierno estatal vuelve a apostar por las cámaras, ahora rebautizadas como infracciones inteligentes. Y aunque el discurso es nuevo, el fantasma es el mismo: el de una medida que, por más moderna que parezca, suele terminar chocando con la desconfianza ciudadana.

A principios de los 2000, Arturo Montiel Rojas impulsó las primeras fotomultas bajo el argumento de reducir accidentes y fomentar la cultura vial.
El resultado fue una ola de inconformidad: los ciudadanos denunciaron cobros excesivos, errores y el uso del sistema como herramienta de recaudación.
El escándalo creció cuando se denunció que empresas ligadas a familiares del propio exgobernador participaban en la operación.
La presión pública fue tal, que el Congreso local —entonces dominado por el PRI— exigió su suspensión definitiva.
Montiel pagó con descrédito lo que se suponía era una política de seguridad vial.

En 2015, bajo el programa Límite Seguro, regresaron las cámaras y las multas automáticas por velocidad, uso del celular y falta de cinturón.
El sistema se concesionó a una empresa privada —Autotraffic—, que obtenía parte de lo recaudado.
Las críticas fueron inmediatas: ciudadanos y legisladores se opusieron.
Un año más tarde, ante el desgaste de la medida, el entonces gobernador Eruviel Ávila anunció la suspensión del programa, aunque mantuvo las sanciones automatizadas en los carriles confinados del Mexibús, donde ya se experimentaba con vigilancia selectiva.
Esa fue su forma de apagar el fuego sin desmontar del todo el aparato tecnológico.

Hoy, con el nuevo Reglamento de Tránsito del estado de México, Delfina Gómez Álvarez relanza las cámaras bajo otro nombre y un marco jurídico más claro.
Las llamadas infracciones inteligentes se aplicarán solo en carriles confinados del transporte público y en ciclovías, con señalización visible, derecho de audiencia y evidencia digital.
No habrá concesiones a privados, ni multas masivas por velocidad: el enfoque, al menos en papel, es acotar y transparentar.

Pero incluso con esas garantías, el recuerdo pesa.
La palabra “fotomulta” sigue siendo sinónimo de abuso y recaudación para miles de mexiquenses.
El problema no es técnico, sino político: cada intento por revivir las cámaras termina chocando con la memoria colectiva de los abusos previos.

En el fondo, la pregunta no cambia: ¿se busca realmente salvar vidas o alimentar las arcas del gobierno, por cierto, cada vez más necesitadas de dinero?
Montiel pagó el costo político; Eruviel tuvo que hacer control de daños; Delfina hereda la desconfianza.
Por eso, aunque las cámaras de hoy se anuncien como “inteligentes”, su éxito no dependerá del software, sino de la credibilidad.

El Congreso local tiene en sus manos una tarea crucial: vigilar que el sistema no vuelva a ser un negocio encubierto como en el sexenio de Montiel.
De lo contrario, el Edoméx repetirá el mismo error por tercera vez consecutiva.
Y en materia de fotomultas, la historia demuestra que ningún gobernador ha logrado salir bien librado del flashazo ciudadano.