La segunda muerte de Ángel: cuando la Fiscalía también abandona a las víctimas

PRIMERA FILA

Por: Horacio Morales

Un asesinato, una Fiscalía inmóvil y un Congreso que prefiere mirar hacia otro lado

La primera tragedia de Ángel Augusto ocurrió la noche del 5 de octubre, dentro de su propia casa, en San Gabriel, Metepec. Tenía 18 años, vivía con su mamá y su hermana, y como tantos jóvenes del Valle de Toluca, estaba en esa etapa donde los sueños apenas empiezan a tomar forma: estudiar, trabajar, ayudar en casa, salir adelante.

Esa noche, según los testimonios de la propia familia, la única persona que estaba con él era Eddie, de 44 años, primo de su madre: su tío en segundo grado. Al volver, la mamá y la abuela encontraron a Ángel sin vida.

Futuro truncado. Foto: RRSS de Ángel

Hasta ahí llega la primera tragedia: la violencia brutal que arrebata a un muchacho en el espacio que debería ser el más seguro de su vida: su hogar.

La segunda tragedia se llama Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Mes y medio después, el principal señalado sigue libre. La Fiscalía mexiquense, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, no ha liberado orden de aprehensión, no ha iniciado una búsqueda formal, no muestra avances visibles en la investigación. No hay detenidos, no hay imputaciones, no hay una señal clara de que el caso camina.

En los hechos, el mensaje para la familia es devastador: no solo les arrebataron a Ángel; también les arrebatan el derecho a la justicia.

La doble tragedia: perder a un hijo y enfrentarse a la indiferencia institucional

La violencia deja huellas visibles: un cuerpo, un funeral, una silla vacía en la mesa. Pero hay otra herida que no sale en las estadísticas: la que abre el Estado cuando no investiga, no busca, no procesa, no sentencia.

En el caso de Ángel, el silencio de la Fiscalía aumenta el dolor.

No es solo el miedo a que el presunto agresor siga suelto; es la sensación de que la vida de su hijo vale poco para las instituciones que deberían defenderlo, protegerlo y representarlo.

El Estado de México: mucho delito, poca justicia

Los datos no hablan de un sistema que funcione, sino de una institución rebasada.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2024, en 2023 el Estado de México concentró, junto con la Ciudad de México, más de una cuarta parte de todos los delitos registrados en las fiscalías del país.

En números gruesos, hablamos de alrededor de casi 400 mil delitos al año solo en territorio mexiquense.

Otro indicador del mismo Censo muestra que, en 2023, la Fiscalía mexiquense reportó 383,552 personas inculpadas o imputadas en averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación iniciadas. La cifra es brutal: cientos de miles de personas registradas en expedientes penales en un solo año.

Sin embargo, cuando la lupa se mueve hacia lo que realmente importa —que esos casos lleguen ante un juez— el embudo se estrecha de forma dramática.

En el mismo reporte, el Estado de México aparece con alrededor de 15 mil personas a quienes el Ministerio Público formuló imputación durante 2023.

Traducido en términos simples: frente a decenas de miles de personas señaladas en carpetas, solo una fracción mínima llega a la etapa en la que la Fiscalía se presenta ante un juez a decir formalmente: “esta persona es probablemente responsable de este delito”. Menos de uno de cada diez.

Y si miramos el panorama nacional, la fotografía es igual de dura: en 2023, más del 90% de las determinaciones que tomaron las fiscalías estatales terminaron en “no ejercicio de la acción penal” o improcedencia, no en juicios ni en sentencias.

Es decir: la regla no es que el delito se persiga hasta el final; la regla es que el caso se caiga, se archive, se deseche o se diluya.

Una Fiscalía cara… pero poco efectiva

Todo esto ocurre, además, en una de las fiscalías mejor financiadas del país.

El mismo censo reporta que, en 2023, la Fiscalía mexiquense tuvo el tercer presupuesto más alto de México, con 5,317.7 millones de pesos, solo detrás de la Ciudad de México y Guanajuato.

Es decir: la Fiscalía mexiquense no es una institución pobre, olvidada o marginal.

Tiene recursos, estructura y peso político. Pero eso no se traduce en justicia cotidiana para las familias.

Mientras tanto, el Estado de México sigue entre las entidades con mayor número de víctimas de homicidio y feminicidio del país.

Guanajuato, Edoméx y Baja California concentraron en 2023 aproximadamente una cuarta parte del total nacional de víctimas de homicidio y feminicidio.

Más violencia, más presupuesto… y, aun así, más impunidad.

Cuando las cifras se vuelven rostro

En los informes oficiales, Ángel no es Ángel: es un número dentro de la estadística de víctimas de homicidio; una línea en una carpeta que no avanza; una variable dentro de una gráfica.

Para su mamá y su hermana, en cambio, Ángel es el centro de su vida rota.

Cada día que pasa sin orden de aprehensión, sin búsqueda formal, sin imputación, sin audiencia, es un recordatorio de que el sistema está ausente.

Aquí aparece la doble tragedia que viven miles de familias en el Estado de México:

1. Primero, la violencia: el asesinato, la desaparición, la agresión.

2. Después, la indiferencia institucional: la carpeta que no se integra, la cita que se pospone, el “estamos trabajando en ello” que nunca llega a nada.

La violencia duele.

La impunidad, en cambio, desgasta, cansa, rompe la confianza y manda un mensaje silencioso pero brutal: “tu caso no importa”.

No es un caso aislado, es un síntoma

El expediente de Ángel no es solo una historia individual; es la muestra de cómo funciona —o deja de funcionar— la justicia en el Estado de México.

Cuando una Fiscalía que inicia más de 380 mil carpetas al año, maneja uno de los presupuestos más altos del país y concentra un volumen enorme de delitos y víctimas, no puede garantizar ni siquiera lo básico en casos como este, el problema ya no es de carga de trabajo: es de prioridades, de método, de voluntad y eficacia.

En medio de todo eso está el rostro de Ángel, y los de miles de personas más, convertidos en expedientes que se empolvan.

De la cifra al compromiso

El caso de Ángel exige algo más que condolencias y promesas.

Exige que la Fiscalía mexiquense explique por qué no ha hecho nada.

La familia de Ángel pide algo básico: que la muerte de su hijo no se sume a la lista de homicidios que quedan en el olvido.

En un estado con índices delictivos como los del Estado de México, con el tamaño de su Fiscalía y el peso de su presupuesto, lo mínimo que debería garantizarse es que, cuando alguien es asesinado en su propia casa y hay un presunto agresor claramente señalado, el caso no se pierda en el laberinto de la burocracia.

Porque si el sistema no es capaz de responder ni siquiera en esos casos, entonces la segunda tragedia —la institucional— terminará siendo más larga y corrosiva que la primera.

Y ahí ya no solo se mata a una persona: se mata también la idea de que la justicia es posible.

Y algo más: el Congreso no puede seguir mirando hacia otro lado

Casos como el de Ángel deberían ser asunto prioritario para los diputados del Congreso del Estado de México, quienes con frecuencia dedican más tiempo a celebrar efemérides sin utilidad pública que a exigir resultados a las instituciones responsables de la justicia.

Particularmente, deberían pronunciarse y actuar los titulares de las comisiones encargadas del tema:

• Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

• Mariano Camacho (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, cuyos integrantes tampoco han puesto estos casos en el centro de la agenda legislativa.

Porque si ni la Fiscalía investiga ni el Congreso vigila, entonces la tercera tragedia será aceptar que la justicia en el Estado de México depende más de la suerte que de la ley.