“Soy inocente”: familias de “injustamente presos” exigen su libertad ante el Palacio de Gobierno en Toluca

Por: Ana Ávila 

Toluca, Estado de México. 3 de diciembre de 2025

Colectivos reclaman al nuevo Poder Judicial revisar expedientes y corregir casos de posible fabricación de culpables

Las rejas del Palacio de Gobierno en Toluca fueron cubiertas con mantas de la Caravana Mexiquense Dignidad, Justicia, Libertad y Vida, un colectivo que desde hace años agrupa a familiares de personas que aseguran estar encarceladas de manera injusta. Su presencia frente al Ejecutivo no es nueva: es parte de una ruta de protesta permanente que ha recorrido penales, juzgados y sedes del Poder Judicial del Estado de México para denunciar irregularidades, fabricación de delitos y procesos viciados.

Las mantas instaladas muestran rostros, nombres y consignas como “Soy inocente”, “El poder de servir es el poder de liberar” y el hashtag #DeFinALaInjusticia, dirigidas tanto al Gobierno del Estado de México como al nuevo Poder Judicial que surgió del voto popular.

Entre los casos visibilizados están los de Eduardo Rebollar, Gilberto Gómez y Cristino Chávez, cuyos familiares aseguran haber enfrentado detenciones arbitrarias, expedientes incompletos, uso indebido de pruebas y una actuación ministerial que —según su versión— derivó en sentencias dictadas sin debido proceso.

Antecedentes del movimiento “Caravana Mexiquense”

La Caravana Mexiquense Dignidad, Justicia, Libertad y Vida surgió entre 2019 y 2020, cuando diversos colectivos de familiares comenzaron a articularse tras detectar patrones comunes en los casos que acompañaban:

• fabricación de culpables,

• tortura,

• irregularidades ministeriales,

• dilación en sentencias,

• y falta de revisión judicial.

Desde entonces han marchado a Toluca, instalado plantones frente al Palacio de Justicia, realizado jornadas de denuncia pública, visitado penales estatales y solicitado reuniones con magistrados y funcionarios para conseguir revisiones exhaustivas de los expedientes.

En 2021 y 2022 realizaron caravanas estatales que concluyeron en el Tribunal Superior de Justicia, donde entregaron firmas y documentación para pedir mesas de trabajo formales.

La respuesta del anterior Poder Judicial

Según los familiares, el Poder Judicial anterior nunca abrió expedientes, ni siquiera cuando existían señalamientos de tortura o pruebas cuestionables. Acusaron que:

• se escudaban en la figura de “cosa juzgada”,

• rechazaban revisiones extraordinarias,

• los canalizaban nuevamente a defensoría pública,

• y no atendían casos emblemáticos con evidencia de irregularidades.

Para la Caravana, aquella administración fue un muro: los escuchaban, pero no los atendían.

¿Y el nuevo Poder Judicial?

Con la llegada del Tribunal electo por voto popular, los familiares esperaban un viraje. Aunque algunos casos han sido escuchados en las audiencias ciudadanas promovidas por el magistrado presidente Héctor Macedo García, integrantes del movimiento sostienen que aún no han recibido resoluciones que permitan reabrir sus expedientes o revisar sentencias previas.

Aseguran que lo que esperan no es diálogo, sino acciones jurídicas concretas, y por ello mantienen su protesta frente al Palacio de Gobierno.

Un mensaje simbólico en un momento político clave

La protesta se instala en el punto más visible del poder estatal justo cuando el nuevo Poder Judicial habla de cercanía, justicia humana y audiencias abiertas; y cuando el Ejecutivo apuesta por un discurso de “reparación y transformación”.

Las mantas, con nombres y rostros de quienes aseguran ser víctimas de fabricación de delitos, funcionan como recordatorio de que la justicia mexiquense no solo debe proclamarse: debe probarse caso por caso.