Mientras en el ámbito federal continúan las pugnas y la confrontación entre fuerzas políticas, en el Congreso del Estado de México se ha consolidado una lógica distinta de operación legislativa. De acuerdo con el diputado Paco Vázquez, el 93 por ciento de los dictámenes han sido aprobados por unanimidad, como resultado de una estrategia basada en el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios.
El legislador, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, destacó como uno de los principales avances de la actual Legislatura la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión, así como la creación de una fiscalía especializada para investigar y combatir este delito.
Subrayó que esta legislación, avalada por unanimidad, establece un marco jurídico específico para enfrentar la extorsión en el Estado de México, armoniza la normativa local con la legislación federal y define con claridad el tipo penal y las sanciones correspondientes, fortaleciendo las capacidades institucionales en materia de seguridad.
Vázquez Rodríguez afirmó que la LXII Legislatura ha mantenido altos niveles de productividad al aprobar reformas en materia de seguridad pública, bienestar social y armonización constitucional. Precisó que, del 4 de septiembre de 2024 al 12 de enero de 2026, el Congreso local ha aprobado 581 iniciativas en comisiones —un promedio de 36 al mes— así como 100 puntos de acuerdo.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que este nivel de consenso ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre las distintas fuerzas políticas y a una relación institucional con el Poder Ejecutivo, en concordancia con las reformas constitucionales federales, al avalar las 22 minutas enviadas por el Congreso de la Unión.
Finalmente, Paco Vázquez puntualizó que el trabajo legislativo debe mantenerse cercano a la ciudadanía. Aclaró que las y los diputados no son gestores de servicios públicos, sino representantes populares cuya responsabilidad es escuchar a la población y traducir sus demandas en reformas legales.
Agregó que la ciudadanía demanda diputadas y diputados de territorio, que regresen a las comunidades, evalúen si los programas sociales y de salud están llegando de manera efectiva y conviertan esas necesidades en acciones legislativas que impacten directamente en la vida cotidiana de las y los mexiquenses.
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