En una revelación que ha desatado polémica en redes sociales y medios, el creador de contenido Pablo Oliveira (@pablo_olivera19) denunció haber recibido 30 mil pesos por parte del gobierno del Estado de México para asistir al segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez y generar publicidad positiva sobre su administración.
Los pagos: 10 mil por transferencia, 20 mil en efectivo
En declaraciones difundidas en plataformas digitales, Oliveira detalló que el pago se dividió en 10 mil pesos por transferencia y 20 mil en efectivo, como compensación por su presencia en el evento oficial. Además, reveló que no fue un hecho aislado: afirmó que una red de “medios” vinculados al gobierno –entre los que mencionó a “Medio Ecos” y “Medio MX”– les pagaba mensualmente por hablar de ciertos temas y mantener una narrativa favorable.
“A fuerzas necesitas dinero público”, declaró Oliveira, sugiriendo que incluso cuando no había contenido relevante que destacar, los creadores debían inventar temas para justificar los pagos.
Operación de propaganda disfrazada de opinión
La denuncia pone al descubierto lo que Oliveira describió como una estrategia de propaganda oficial disfrazada de opinión espontánea en redes sociales. Según su testimonio, este sistema permitiría al gobierno comprar discursos positivos mientras la población percibe dichos contenidos como auténticos y no patrocinados.
“Así opera la propaganda de Morena disfrazada de opinión. Así se compran los discursos en redes. Con dinero público, mientras la gente ‘cree que todo es espontáneo’”, se lee en publicaciones que han viralizado la acusación.
La pregunta: ¿con qué fondos se financia?
La revelación ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para estos pagos y si se trata de dinero público destinado a comunicación social o a otros rubros. Hasta el momento, ni la oficina de la gobernadora Delfina Gómez ni la Secretaría de Comunicación del Edoméx se han pronunciado al respecto.
Impacto en la credibilidad digital
El caso refleja la creciente opacidad en la comunicación gubernamental digital y plantea dudas sobre la autenticidad del apoyo político en redes, en un contexto donde los influencers y creadores de contenido son contratados –de forma directa o indirecta– para amplificar mensajes oficiales.
La denuncia de Oliveira podría motivar a otros a revelar acuerdos similares, abriendo un debate sobre la regulación de la publicidad oficial encubierta y la ética en la comunicación política digital.
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