Drones, negación y silencio: la frontera que México prefiere no mirar | Columna

✒️ Fernando Flores

El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, no fue un error técnico ni una confusión burocrática. Fue una alerta de seguridad nacional. Una de esas que los gobiernos intentan minimizar cuando la realidad contradice el discurso.

Estados Unidos habló sin rodeos: decenas de miles de drones, más de 27 mil según estimaciones oficiales, operando en la franja fronteriza y vinculados a organizaciones criminales. Drones usados para vigilar, mover droga y burlar a las autoridades. Frente a eso, la FAA cerró el espacio aéreo. Una medida extrema que solo se toma cuando el riesgo es real.

Del lado mexicano, la respuesta fue otra.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno tenga información que confirme que esos drones hayan cruzado al espacio aéreo estadounidense. Pero al mismo tiempo reconoció que en territorio mexicano sí se ha detectado el sobrevuelo de estos aparatos. El mensaje fue quirúrgico: admitir lo inevitable, negar lo políticamente costoso.

Y ahí está el problema.

Porque aceptar que los drones existen, pero negar que crucen la frontera, no es una explicación técnica: es una postura política diseñada para contener el daño. Como si el crimen organizado, que no respeta leyes, territorios ni vidas, fuera a respetar una línea invisible en el cielo.
No se acusa aquí —sin pruebas— una protección directa a la delincuencia organizada. Pero sí se señala algo que resulta igual de grave: una política de negación sistemática, heredera del mismo guion que durante años negó el control territorial de los cárteles, minimizó su poder de fuego y ahora pretende relativizar su dominio tecnológico.

El fondo es incómodo y por eso se evita: si esos drones vuelan libremente en México, es porque el Estado no los controla; si Estados Unidos dice que cruzan su frontera, es porque alguien está fallando de este lado.
Reconocerlo implicaría asumir responsabilidades, reforzar cooperación internacional real y aceptar que el discurso oficial de seguridad no coincide con los hechos. Y eso tiene un costo político que el gobierno no parece dispuesto a pagar.

Pero la realidad no se detiene con conferencias ni con frases medidas.
El cierre de El Paso fue una advertencia.

La próxima podría no ser administrativa, sino diplomática o incluso operativa.
Porque en materia de seguridad nacional, negar no es gobernar.

Y cuando el Estado se queda corto en el aire, el vacío siempre lo ocupa alguien más.