Por: Luis Tovar
Amanalco, Estado de México. — Amanalco volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras una escalada de hechos que han encendido la alarma entre habitantes y autoridades: denuncias ciudadanas por inseguridad, antecedentes de infiltración criminal revelados por la Operación Enjambre, el hallazgo sin vida de una menor de 13 años reportada como desaparecida y nuevos señalamientos sobre presuntas disputas por control patrimonial y político en la región.
La suma de estos acontecimientos ha profundizado el clima de temor entre la población, que advierte que, lejos de disminuir, la violencia y la incertidumbre sobre la gobernabilidad del municipio continúan creciendo.
La preocupación social se intensificó tras la desaparición y posterior localización sin vida de Yolet Saray Manzanares de la Cruz, de 13 años, hecho que generó indignación y reavivó los reclamos por mayor seguridad y protección para menores de edad.
Aunque no existe confirmación oficial sobre una línea específica relacionada con redes de trata o captación de personas, el caso ha encendido alertas ciudadanas y ha obligado a exigir que la investigación contemple todas las hipótesis posibles, dada la gravedad del contexto regional.
A este escenario se suma el antecedente de la Operación Enjambre, encabezada por el Gabinete de Seguridad federal bajo la coordinación de Omar García Harfuch, que tuvo intervención directa en Amanalco y otros municipios del sur del Estado de México.
Dicha estrategia reveló la presunta infiltración de estructuras criminales en corporaciones policiacas y administraciones municipales, derivando en múltiples detenciones y sentencias de alto impacto, incluido el caso de la expresidenta municipal de Amanalco, sentenciada por homicidio calificado.
Sin embargo, entre la población persiste la percepción de que los operativos no lograron restablecer plenamente el control institucional ni garantizar seguridad sostenida.
Vecinos sostienen que la presencia delictiva, la intimidación y los delitos patrimoniales continúan siendo parte de la vida cotidiana.
A ello se agregan versiones ciudadanas sobre la posible comercialización de un rancho o predio que en su momento habría sido intervenido dentro de las investigaciones federales, situación que ha despertado nuevas sospechas sobre intereses económicos y disputas por control territorial.
Hasta ahora, no existe una postura oficial que confirme irregularidades en torno a dicho inmueble, por lo que la exigencia ciudadana se centra en que las autoridades competentes esclarezcan el estatus legal y patrimonial del predio.
Para diversos sectores sociales, lo que ocurre en Amanalco ya no solo representa un problema de seguridad pública, sino una disputa por poder político, económico y territorial, en una zona históricamente vulnerable por la presencia de grupos delictivos.
La demanda de la población es contundente: presencia permanente de fuerzas federales, seguimiento real a los operativos previos y resultados visibles que devuelvan la tranquilidad al municipio.
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