La política sin argumentos: el resentimiento como motor del poder

Cultura Impar
José Manuel Rueda Smithers
Cuando la política deja de argumentar
Los líderes improvisados descubrieron que el resentimiento moviliza más que las ideas.

La política contemporánea atraviesa una de sus etapas más pobres en términos intelectuales. Gobernantes, legisladores y dirigentes partidistas parecen haber renunciado al debate de ideas para refugiarse en el territorio más cómodo del poder: el insulto. La diferencia ya no se confronta con argumentos, sino con descalificaciones; el adversario dejó de ser interlocutor para convertirse en enemigo útil. Lo preocupante no es solamente el deterioro o mejor dicho la pérdida del lenguaje público, sino la normalización social de esa degradación. Hoy, buena parte de la clase política gobierna desde la confrontación emocional. Alimenta resentimientos, exacerba divisiones y convierte la agresión verbal en espectáculo cotidiano.

La lógica es sencilla: dividir genera aplausos rápidos; razonar exige profundidad, y la profundidad rara vez produce viralidad. Esto se da en la calle, en las tribunas legislativas o en los atriles de discurso en eventos masivos. No llaman a las ideas, llaman al pleito, a la venganza, al arrebato. El fenómeno no distingue ideologías ni fronteras. Ocurre en gobiernos de izquierda, de derecha y en los híbridos oportunistas que utilizan cualquier bandera mientras les garantice permanencia. No importa si el país es poderoso, mediano o pobre, si es el avión presidencial o la fallida mañanera, el debate público fue sustituido por competencias de sarcasmo, burlas y ataques personales.

La política dejó de aspirar a convencer; ahora busca humillar.
Por eso México no es ajeno a esta tendencia. Desde la tribuna presidencial hasta las cámaras legislativas, el nivel del discurso suele descender a terrenos donde predominan la caricatura del adversario, la insinuación y el desprecio. Se desacredita más de lo que se explica. Se acusa más de lo que se argumenta. Y en medio de esa dinámica, la discusión pública pierde altura, seriedad y capacidad de reflexión.

Y la gente común, el pueblo, compra ese mal ejemplo, lo hace suyo.
La paradoja resulta inquietante: muchos gobiernos que prometieron transformar la vida pública terminaron empobreciendo el lenguaje político. La supuesta cercanía con “el pueblo” terminó confundida con vulgaridad discursiva. Como si hablar con simpleza implicara necesariamente hablar con pobreza conceptual. Y no es lo mismo. El insulto tiene además una ventaja estratégica para quienes ejercen el poder: evita pensar. Argumentar exige datos, contexto, preparación y capacidad para sostener contradicciones. Agredir verbalmente requiere apenas una consigna y una audiencia predispuesta al aplauso fácil. El problema es que esa dinámica termina erosionando no solamente a las instituciones, sino también a la cultura democrática.

Cuando la política se acostumbra al agravio cotidiano, la sociedad también empieza a degradar sus propios mecanismos de convivencia. La discrepancia deja de entenderse como parte natural de una democracia y comienza a asumirse como traición, amenaza o perversión moral. Entonces desaparecen los matices. Todo se reduce a bandos.

En esa lógica, el ciudadano deja de ser receptor de argumentos para convertirse en consumidor de emociones. Se le alimenta con indignación permanente porque un ciudadano irritado reacciona impulsivamente; un ciudadano reflexivo cuestiona. Y pocos gobiernos disfrutan ser cuestionados desde la razón. Tal vez el problema más grave no sea que los políticos insulten. El verdadero riesgo aparece cuando las sociedades empiezan a considerar normal que el poder sustituya las ideas por agresiones. Ahí es donde la democracia deja de ser conversación y comienza a convertirse en simple confrontación administrada.
Ahora el reto es lograr que la gente común sea la sensata y los ponga en su lugar.