En medio de la investigación por el presunto desvío de 40 millones de pesos en el Ayuntamiento de Tenancingo, caso por el que la alcaldesa Nancy Nápoles es investigada, el Congreso del Estado de México comenzó a discutir una iniciativa para reforzar los controles sobre las tesorerías municipales y establecer mayores responsabilidades para quienes administran los recursos públicos.
La propuesta
La iniciativa fue presentada por el diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, y plantea reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para endurecer los requisitos de quienes ocupen la titularidad de las tesorerías municipales.
Nombramiento con mayoría calificada
Se propone que el nombramiento y la remoción de las personas tesoreras requieran el voto de las dos terceras partes del Cabildo (mayoría calificada). Con ello se busca evitar que decisiones tan delicadas para la hacienda pública municipal dependan únicamente de acuerdos políticos de corto plazo o de mayorías simples.
Responsabilidad de los ayuntamientos
La iniciativa también plantea que quienes integran los ayuntamientos puedan ser sujetos de responsabilidad administrativa, civil e incluso penal cuando, por dolo, conflicto de interés o negligencia grave, autoricen, toleren o mantengan nombramientos que generen daño, menoscabo o riesgo para el patrimonio municipal.
Nuevos requisitos para tesoreros
El proyecto contempla:
- Evaluación de confianza.
- Dictamen de idoneidad técnica y financiera emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México.
- Constancias de no antecedentes penales (federal y estatal).
- Declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
- Comparecencia pública ante el Cabildo para exponer perfil profesional y plan de trabajo.
Medidas cautelares
La iniciativa prevé medidas cautelares cuando se adviertan riesgos o irregularidades financieras relevantes. En esos casos, el ayuntamiento podría separar de manera provisional a la persona titular de la Tesorería sin prejuzgar su responsabilidad, cuando existan:
- Omisiones graves en la entrega de información financiera.
- Inconsistencias detectadas por auditorías.
- Negativa injustificada a comparecer ante el Cabildo o atender requerimientos legales.
Entrada en vigor
La reforma entraría en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que aplicaría a partir de las próximas administraciones municipales.
Aunque la iniciativa no menciona casos específicos, su discusión ocurre en un contexto en el que el manejo de los recursos municipales volvió al centro del debate público, especialmente por las investigaciones relacionadas con Tenancingo y su alcaldesa Nancy Nápoles.
El fondo de la propuesta es claro: poner más candados a quienes administran el dinero de los municipios y hacer que los cabildos también asuman responsabilidad por las decisiones que toman. Porque cuando una tesorería falla, el daño no queda sólo en los expedientes: lo terminan pagando los ciudadanos.
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