T-MEC: cuando los hechos desmienten la narrativa

•⁠ ⁠Del gobierno del PRI al de Morena

✍🏻 Fernando Flores D.

«El T-MEC demuestra que las decisiones estratégicas de Estado trascienden los sexenios; un tratado negociado por una administración terminó convirtiéndose en uno de los principales pilares económicos de las siguientes, recordando que el interés nacional debe estar por encima de las disputas partidistas»

En política suele imponerse el discurso sobre la memoria. Se construyen relatos, se reescribe la historia y, con frecuencia, se pretende que los ciudadanos olviden quién tomó las decisiones que hoy siguen dando resultados.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es uno de esos casos.

Mucho se habla de la revisión obligatoria que tendrá lugar en 2026 y de la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump utilice ese proceso para endurecer las condiciones del acuerdo o presionar a sus socios comerciales. Lo que poco se recuerda es quién negoció el tratado que hoy sostiene buena parte de la estabilidad económica de México.

El T-MEC fue firmado el 30 de noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto; por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la Cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina. Tras ser ratificado por los tres países, el tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020, ya durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese dato no es menor.

Cuando la administración de Enrique Peña Nieto enfrentó la intención de Donald Trump de terminar con el antiguo TLCAN, el equipo negociador mexicano logró preservar el acceso preferencial al mercado más importante para nuestro país y establecer reglas que continúan otorgando certidumbre a millones de empleos, a las exportaciones y a las inversiones.

Como toda negociación internacional, el T-MEC implicó concesiones para las tres naciones. Sin embargo, es un hecho que permitió evitar una ruptura comercial que habría tenido profundas consecuencias económicas para México y sentó las bases para mantener la competitividad de América del Norte.

Paradójicamente, quienes más han aprovechado los beneficios económicos derivados de ese acuerdo han sido los gobiernos emanados de Morena. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el T-MEC ha sido uno de los principales motores del crecimiento de las exportaciones, de la llegada de inversión extranjera y del fenómeno conocido como nearshoring, que ha colocado a México en una posición estratégica dentro de las cadenas globales de suministro.

Estos resultados no surgieron de manera espontánea. Son consecuencia de un tratado negociado y firmado por una administración distinta, cuyos efectos positivos han trascendido el cambio de gobierno.

Reconocerlo no representa un respaldo político al PRI ni una crítica automática a Morena. Es, simplemente, reconocer un hecho histórico: las políticas públicas de largo alcance y los tratados internacionales pertenecen al Estado mexicano, no a un partido político.

Ahora viene la verdadera prueba.

En 2026 no se firmará un nuevo T-MEC. Lo que tendrá lugar será la primera revisión sexenal prevista por el propio tratado. Si los tres países alcanzan un consenso, el acuerdo podrá extender su horizonte de vigencia. Si ese consenso no existe, el tratado continuará vigente, pero entrará en un mecanismo de revisiones periódicas que incrementará la incertidumbre y podría conducir, eventualmente, a su terminación en 2036 si nunca se logra la extensión. Un escenario distinto sería que Estados Unidos notificara formalmente su retiro, procedimiento que tampoco tendría efectos inmediatos.

El verdadero riesgo para México no es que el T-MEC desaparezca de un día para otro. La preocupación radica en que Donald Trump utilice la revisión como una herramienta de presión para reabrir negociaciones en sectores como la industria automotriz, la energía, la agricultura, los mecanismos laborales e, incluso, vincular el comercio con temas de migración y seguridad, tal como ocurrió durante la negociación original.

Frente a ese escenario, México requerirá mucho más que discursos políticos. Necesitará experiencia, capacidad técnica y una auténtica visión de Estado para defender los intereses nacionales.

Porque cuando llegue nuevamente la hora de negociar, las consignas partidistas tendrán poco valor frente a la complejidad de una mesa internacional. Lo que realmente contará será la capacidad de alcanzar acuerdos que beneficien al país durante las próximas décadas.