La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de 26 sujetos (27 detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión) como parte de una investigación sobre un esquema delictivo de simulación que, hasta el momento, se tiene acreditado que operaba desde el año 2021, mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas —conocidos como «aviadores» —, causando un perjuicio al erario del Estado de México por más de 96 millones de pesos solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
Los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI) , denunció hechos relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los «supuestos servidores públicos» no ejercían función alguna.
Los implicados
Entre los investigados destacan:
- Dos ex Subsecretarios (Secretaría de Finanzas y Secretaría de Educación).
- Dos ex Directores Generales.
- Dos ex Delegados Administrativos.
- Un ex Coordinador de Delegaciones.
- Dos Delegados Administrativos (actuales).
- Un Coordinador de Delegaciones (actual).
- Dos Directores de Área.
- Cinco Subdirectores.
- Falsos docentes con funciones de «reclutadores».
El modus operandi
- Funcionarios de la SECTI y la Oficialía Mayor (OM) intercambiaban claves de acceso al sistema SIGAP para registrar altas fraudulentas.
- Los «reclutadores» captaban familiares y amigos, quienes cedían sus datos personales a cambio de una cantidad mínima (por cada 200 mil pesos recibidos, el «falso docente» recibía 6 mil).
- Los servidores públicos de alto rango se quedaban con la mayor parte del dinero.
- Se identificaron patrones para ocultar la actividad: altas realizadas durante la madrugada, alternancia de cuentas y asignación a planteles educativos inactivos para evitar ser descubiertos.
Gastos suntuosos
El expediente revela que el entorno socioeconómico de los investigados no correspondía al de servidores públicos que viven de su salario: realizaban viajes a París, Dubái, Las Vegas, China y Egipto, y utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama.
Penalidades
Los delitos imputados son fraude y/o abuso de autoridad. Por la manera en que fueron cometidas las conductas, se advierte un concurso real homogéneo de delitos, por lo que las penas se acumulan por cada alta irregular. Las penas podrían ser de entre 10 y 26 años por cada evento delictivo.
Situación jurídica
Del 28 de junio al 4 de julio de 2026, la Autoridad Judicial ha llevado a cabo audiencias de vinculación de 28 de los investigados y a 27 de ellos les impuso prisión preventiva justificada, por lo que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de «Santiaguito» en Almoloya de Juárez.
Investigación en curso
Cinco de los investigados presentaron juicio de amparo. Además, un servidor público relacionado con el esquema fue hallado sin vida el pasado 2 de abril en circunstancias que continúan en investigación bajo el protocolo de homicidio.
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