La Antesala | ¿Con qué autoridad moral puede seguir gobernando Nancy Nápoles?

La gravedad del caso de Nancy Nápoles no radica únicamente en la acusación que enfrenta por el presunto montaje de un secuestro. Radica en quién es. No se trata de una particular. Se trata de la presidenta municipal de Tenancingo , una autoridad cuya obligación constitucional es proteger a la población, preservar la paz pública y colaborar con las instituciones encargadas de combatir precisamente delitos como el secuestro.

Por eso, el caso rebasa el ámbito estrictamente penal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México , el presunto secuestro simulado habría tenido como finalidad exigir 40 millones de pesos al propio Ayuntamiento y justificar un presunto faltante de recursos públicos. Si esa hipótesis logra acreditarse durante el proceso, el daño no sería únicamente jurídico. Sería institucional.

El horror del secuestro real vs. el montaje

En un país donde miles de familias han sufrido el horror de un secuestro real, resulta especialmente grave que una autoridad sea investigada por presuntamente utilizar ese delito como parte de un montaje. De confirmarse, implicaría emplear uno de los crímenes que más dolor y miedo han sembrado en México para un fin completamente ajeno a la protección de las víctimas, movilizando policías, ministerios públicos, peritos y recursos públicos, además de generar zozobra entre la población.

La responsabilidad de las instituciones

Hoy la responsabilidad ya no recae únicamente en la Fiscalía. Corresponderá a esa institución demostrar con pruebas la solidez de su acusación. El Poder Judicial del Estado de México , en cuyas manos se encuentra ahora el proceso, deberá resolver con absoluta independencia, estricto apego a derecho y plena transparencia, consciente del enorme impacto social que tiene este asunto.

Pero tampoco pueden permanecer al margen el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ni el Congreso del Estado de México. Si la propia investigación sostiene que el presunto montaje buscaba justificar un faltante de 40 millones de pesos, ambas instituciones tienen la obligación de revisar el manejo de esos recursos y determinar si existieron irregularidades.

La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió con esos recursos públicos.

Una crisis de confianza pública

En redes sociales el asunto ha provocado una fuerte indignación. Durante la comparecencia judicial de Nancy Nápoles, ciudadanos se manifestaron para exigir justicia. Ello refleja que el caso dejó de ser exclusivamente un expediente penal para convertirse en una crisis de confianza pública.

Presunción de inocencia y estándar de conducta

La presunción de inocencia, por supuesto, debe respetarse. Es un principio constitucional irrenunciable. Pero también lo es el deber de exigir a quienes ejercen el poder un estándar de conducta mucho más alto que el del resto de los ciudadanos.

Porque una presidenta municipal no solo gobierna con las facultades que le otorga la ley. Gobierna con la confianza de la gente. Y cuando esa confianza queda profundamente cuestionada por una investigación de esta magnitud, la gobernabilidad inevitablemente se debilita.

La pregunta que resume el debate

Si al final del proceso se acredita la responsabilidad de Nancy Nápoles, la sanción no solo deberá responder al delito que, en su caso, se demuestre. También tendrá que reflejar la enorme responsabilidad que implica traicionar la confianza depositada en una autoridad electa.

Porque una cosa es que un ciudadano enfrente una acusación penal. Otra muy distinta es que quien esté sentado en el banquillo sea precisamente la autoridad encargada de hacer cumplir la ley.

¿Con qué autoridad moral puede seguir gobernando Nancy Nápoles después de haber simulado un secuestro, uno de los delitos que más dolor y miedo han sembrado en México?

Esta pregunta resume el fondo del debate. Ya no se trata únicamente de un proceso penal ni de la eventual responsabilidad jurídica que determinen los tribunales. Se trata de la legitimidad ética y política para seguir encabezando un gobierno cuya principal obligación es proteger a la ciudadanía.