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Fox, Calderón y 23 expresidentes de Latinoamérica y España acusan al gobierno de Sheinbaum de «persecución política»

El caso del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel escaló al terreno internacional, luego de que 25 exmandatarios de América Latina y España acusaran que su detención representa una presunta persecución política impulsada desde el poder.

A través de una declaración, los integrantes del Grupo IDEA manifestaron su «profunda preocupación» por lo que consideran una criminalización de la política y una politización del sistema judicial mexicano. También sostuvieron que la privación de la libertad de Ruffo vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia.

Entre los firmantes aparecen los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como José María Aznar, Mariano Rajoy, Mauricio Macri, Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Luis Guillermo Lasso, Eduardo Frei y Óscar Arias, entre otros.

El organismo destacó que Ruffo fue el primer gobernador de oposición electo democráticamente en la historia moderna de México y aseguró que mantenerlo en prisión envía un mensaje de intimidación contra quienes disienten del gobierno.

Los exmandatarios calificaron su encarcelamiento como un posible «acto de venganza política» y advirtieron que utilizar el aparato de justicia para castigar a un opositor representaría un riesgo para el Estado de derecho y las garantías constitucionales.

Ruffo fue vinculado a proceso junto con otros acusados por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones relacionadas con hidrocarburos. Actualmente permanece en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.

La investigación está relacionada con operaciones de importación de combustible presuntamente realizadas sin el pago correspondiente de impuestos. La FGR sostiene que la empresa aduanal Ingemar, de la que Ruffo era socio, habría intervenido en el ingreso irregular de grandes cargamentos provenientes de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una motivación política y afirmó que el expediente deriva de una investigación iniciada tras el aseguramiento de ferrotanques con hidrocarburos en Coahuila. Señaló que corresponderá a los jueces determinar, de manera imparcial, si el exgobernador estuvo involucrado.

La FGR también ha sostenido que Ruffo no es investigado por sus ideas ni por su militancia partidista, sino por su posible responsabilidad en los delitos señalados.

La defensa y la familia del exmandatario han rechazado las acusaciones y aseguran que Ruffo únicamente participaba como socio en una empresa encargada de realizar trámites aduanales.

El pronunciamiento de los 25 expresidentes intensifica la confrontación política alrededor del caso: mientras el PAN y diversas figuras internacionales hablan de persecución, el Gobierno federal y Morena sostienen que se trata de una investigación penal sustentada en operaciones de contrabando de combustible.

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