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Columna | Cuando las cifras comienzan a hablar

«La advertencia de Pedro Aspe sobre el rumbo económico de México»

✍🏻 Fernando Flores

En política, las narrativas suelen imponerse a los números. Los gobiernos hablan de logros; la oposición, de fracasos. Pero hay momentos en que las cifras obligan a detener el debate ideológico para preguntarnos hacia dónde realmente se dirige el país.

Eso ocurrió durante el Mexico MBA Summit 2026, «celebrado del 23 al 26 de abril en Harvard Business School y el MIT Sloan School of Management, en Boston, Massachusetts». Ante una audiencia integrada por académicos, empresarios, inversionistas y estudiantes mexicanos de posgrado, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, presentó un diagnóstico que, independientemente de las simpatías políticas, merece atención.

Su tesis es clara: México enfrenta un deterioro estructural de sus finanzas públicas.

No habla de una crisis inmediata ni de un colapso económico. Habla de una tendencia. Y las tendencias, cuando no se corrigen, terminan convirtiéndose en problemas de largo plazo.

El primer punto de su análisis es el crecimiento del gasto corriente. Durante los últimos años, el Gobierno federal ha incrementado de manera significativa los recursos destinados a programas sociales mediante transferencias directas. Para Aspe, el problema no es apoyar a la población más vulnerable, sino que ese gasto ha desplazado recursos que antes se destinaban a infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas, sistemas hidráulicos y proyectos capaces de generar productividad y crecimiento.

En otras palabras, se está privilegiando el consumo inmediato sobre la inversión que podría producir riqueza en el futuro.

La segunda advertencia tiene nombre y apellido: Pemex.

Cada año, el Gobierno continúa destinando cientos de miles de millones de pesos para respaldar financieramente a la empresa petrolera. Sin embargo, la producción sigue disminuyendo. Si una empresa absorbe cada vez más recursos públicos sin aumentar su eficiencia ni su capacidad productiva, la pregunta resulta inevitable: ¿hasta cuándo será sostenible ese modelo?

El tercer elemento es quizá el más delicado: la deuda pública.

De acuerdo con la exposición presentada en Boston, ésta ha crecido de manera constante durante la última década y podría rebasar el equivalente al 60% del Producto Interno Bruto durante 2026. No se trata de una cifra menor. Diversos analistas consideran ese nivel como una zona de riesgo para economías emergentes, pues suele traducirse en mayores costos financieros, presiones sobre el tipo de cambio y menor margen de maniobra para enfrentar futuras crisis.

Desde luego, existe otra visión.

El Gobierno de México sostiene que los programas sociales han reducido la pobreza, fortalecido el mercado interno y permitido que millones de familias tengan ingresos que antes no existían. También presume estabilidad cambiaria, niveles históricos de empleo y una economía que ha resistido un entorno internacional complejo.

Ambas posturas tienen argumentos.

La diferencia radica en la pregunta de fondo: ¿es suficiente redistribuir la riqueza si al mismo tiempo disminuye la inversión que la genera?

Ahí se encuentra el verdadero debate.

Porque una economía puede sostener el consumo durante algún tiempo. Lo que difícilmente puede sostener de manera indefinida es crecer con menos inversión, mayor deuda y una productividad estancada.

Las advertencias de Pedro Aspe no constituyen una sentencia. Tampoco representan una verdad absoluta. Son un llamado de atención basado en indicadores económicos que vale la pena contrastar, discutir y, sobre todo, vigilar.

Al final, la economía tiene una característica que ningún gobierno puede modificar mediante discursos o campañas de comunicación: los números terminan imponiéndose a la narrativa.

Y cuando eso ocurre, ya no importa quién tenía la razón, sino quién tuvo la capacidad de anticipar el problema.

Porque las decisiones económicas no siempre se cobran en las urnas… muchas veces se pagan, años después, en el bolsillo de todos los mexicanos.

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