La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma al sistema de pensiones de Zacatecas que reduce de 60 a 30 días el aguinaldo de quienes se jubilen después de la entrada en vigor del nuevo esquema.
El máximo tribunal consideró que la medida no viola el derecho a la seguridad social, pues tiene una finalidad razonable: contribuir a la suficiencia presupuestaria y a la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.
La reducción no podrá aplicarse a quienes ya tenían reconocida una pensión antes de la reforma. La Corte estableció que conservarán el aguinaldo de 60 días, debido a que disminuirlo implicaría una afectación retroactiva a derechos previamente adquiridos.
Sin embargo, el fallo resulta relevante para otras entidades cuyos sistemas públicos de pensiones enfrentan problemas financieros, entre ellas el Estado de México.
Actualmente, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios establece que los pensionados y pensionistas del ISSEMYM tienen derecho a una gratificación anual que no puede ser menor a 60 días. Para reducirla sería indispensable reformar el artículo 71 de la legislación estatal; hasta ahora no existe una iniciativa pública aprobada que plantee disminuirla a 30 días.
El futuro de las pensiones mexiquenses ya está en discusión.
A finales de 2025, el Gobierno estatal propuso elevar gradualmente la edad mínima para acceder a la jubilación: de los 62 años actuales a 63 en 2027, 64 en 2028 y 65 en 2029. La modificación fue retirada del Paquete Fiscal 2026 después de la oposición expresada en el Congreso local.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, ha reconocido que el ISSEMYM requiere una reforma integral y señaló que su elaboración deberá involucrar a trabajadores, pensionados, sindicatos y especialistas. El Congreso también ha advertido que el organismo enfrenta presión financiera por el crecimiento del gasto en jubilaciones, adeudos de instituciones públicas y retrasos en la entrega de pensiones.
En 2024, cerca del 59 por ciento del gasto total del instituto se destinó al pago de pensiones y jubilaciones. Además, los egresos registrados en 2023 superaron sus ingresos, confirmando un déficit operativo que mantiene abierta la discusión sobre cómo garantizar su viabilidad.
El antecedente de Zacatecas no significa que la reducción vaya a aplicarse automáticamente en el Estado de México. Cada Congreso estatal conserva la facultad de modificar su propia legislación y cualquier reforma tendría que ser presentada, discutida y aprobada localmente.
Pero la resolución de la Corte sí marca una ruta jurídica: los estados podrían reducir prestaciones para futuros pensionados cuando acrediten que la medida busca proteger la sostenibilidad del sistema, siempre que no afecten retroactivamente a quienes ya adquirieron el derecho.
La pregunta ya no es solamente cómo rescatar las finanzas del ISSEMYM, sino quién terminará pagando el costo.
¿Es justo reducir las prestaciones de los futuros jubilados para salvar un sistema afectado durante años por adeudos, malas decisiones administrativas, desvíos y falta de previsión financiera?
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