La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que los dos servidores públicos detenidos no actuaban solos, sino como parte de una red extorsiva integrada por otros funcionarios en activo, ex servidores públicos y particulares, que operaba con un esquema bien estructurado para cobrar cuotas ilegales a propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio.
De acuerdo con las indagatorias, el grupo obligaba a los dueños de estos negocios a pagar cuotas mensuales que ascienden a varias decenas de millones de pesos para evitar el cierre de sus líneas de verificación. La cantidad aumentaba sustancialmente cuando se trataba de la revalidación de autorizaciones, y todos los pagos se realizaban en efectivo en un domicilio que las autoridades ya tienen identificado.
Además de las extorsiones, la Fiscalía documentó que los implicados abusaban de sus atribuciones para simular actos que les permitieran despojar a los legítimos propietarios de sus concesiones e infraestructura, bajo la advertencia de que, si denunciaban, serían afectados o sufrirían daños.
La dependencia estatal informó que contactará a otras posibles víctimas que no han formalizado su denuncia por temor a represalias, lo que podría actualizar el monto total de las ganancias ilícitas generadas por esta red de extorsión. Las investigaciones continúan para obtener órdenes de aprehensión contra el resto de los involucrados.
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