Videos, fotografías y testimonios difundidos en redes sociales encendieron nuevamente las alertas por el deterioro ambiental del Nevado de Toluca, donde ciudadanos denuncian tala, apertura de brechas y circulación de maquinaria pesada y camiones presuntamente utilizados para extraer tierra, piedra y madera.
Las imágenes han provocado indignación entre habitantes del Valle de Toluca, quienes exigen la intervención de las autoridades federales y estatales para determinar la dimensión de los daños y frenar cualquier actividad ilegal dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca.
Aunque algunas publicaciones aseguran que el volcán está siendo «destrozado» ante la indiferencia gubernamental, existen antecedentes recientes que confirman que la extracción irregular de recursos naturales no es únicamente una versión difundida en redes sociales.
El 18 de marzo de 2026, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec, en el municipio de Toluca, después de recibir una denuncia ciudadana.
Durante la inspección, la Profepa encontró actividades de extracción de materiales pétreos y remoción de suelo realizadas con maquinaria pesada, además de una cribadora utilizada para separar el material.
La dependencia federal calculó una superficie afectada de aproximadamente 5 mil metros cuadrados.
Las personas que realizaban los trabajos abandonaron el lugar al notar la llegada de los inspectores, por lo que la Profepa impuso la clausura total temporal del predio y aseguró precautoriamente una cribadora de tepojal y un generador de energía eléctrica.
El caso no sería aislado. En agosto de 2025, la misma dependencia clausuró otro banco de materiales pétreos que operaba dentro del área protegida, en el municipio de Calimaya, donde se detectó una afectación aproximada de dos hectáreas por extracción sin autorización ambiental.
Además, el pasado 15 de julio fue registrada una denuncia ciudadana por presunta tala indiscriminada, apertura de caminos y uso de maquinaria pesada en otra zona del Nevado de Toluca.
El denunciante señaló que el bosque estaría siendo dividido mediante terracerías y brechas, mientras algunas áreas presuntamente son desmontadas para convertirlas en terrenos agrícolas. Hasta el momento, esas acusaciones permanecen bajo investigación y no se ha informado oficialmente la extensión de los posibles daños.
Ciudadanos también han cuestionado el cierre del Nevado de Toluca y han sugerido que la restricción podría impedir que la población observe lo que sucede dentro del área natural.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó oficialmente que el cierre temporal fue determinado por condiciones meteorológicas extremas, entre ellas neblina intensa, lluvia, granizo, fuertes vientos, temperaturas bajo cero y caminos congelados.
La Conanp señaló que la medida buscaba prevenir accidentes, hipotermia y extravíos debido a la baja visibilidad, por lo que no existe evidencia pública que permita afirmar que el cierre haya sido utilizado para ocultar actividades extractivas.
Tampoco se ha demostrado que la gobernadora Delfina Gómez o las autoridades de los tres niveles de gobierno sean cómplices de quienes realizan estas actividades, como señalan algunas publicaciones.
No obstante, los antecedentes de clausuras y las denuncias recientes confirman que el Nevado de Toluca enfrenta presiones reales por extracción de materiales, tala, cambios de uso de suelo y apertura irregular de caminos.
La Profepa ha reconocido que el área protegida es fundamental para el abastecimiento de agua, la conservación de los bosques y la conectividad de los ecosistemas del Valle de Toluca.
Ante la nueva difusión de imágenes, ciudadanos exigen operativos permanentes, vigilancia en caminos secundarios, identificación de los responsables y la restauración de las superficies afectadas.
La denuncia central tiene sustento: existen actividades ilegales documentadas dentro del Nevado de Toluca. Lo que aún deberá comprobarse es si las imágenes difundidas corresponden a nuevos hechos, cuál es la extensión actual de los daños y quiénes están detrás de la extracción y el posible desmonte.
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