Hasta nueve años de prisión podrían alcanzar quienes exploten laboralmente a niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, de prosperar una iniciativa presentada en el Congreso local que busca crear este delito y reforzar los mecanismos para prevenir y atender el trabajo infantil.
La propuesta fue presentada por le diputade Luisa Esmeralda «Meme» Navarro Hernández, de Morena, y plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código Penal del Estado de México.
El proyecto establece una pena inicial de hasta seis años de prisión por explotación laboral infantil, que podría aumentar hasta nueve años cuando se presenten determinadas agravantes.
El delito se configuraría cuando una persona, directamente o a través de terceros, utilice, obligue, induzca o facilite el trabajo de niñas, niños y adolescentes, así como cuando obtenga algún beneficio de éste.
La iniciativa recibió el respaldo de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y del Gobierno estatal durante el Foro Regional: Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia, realizado en el Congreso mexiquense.
Esmeralda Navarro explicó que la propuesta no se limita al ámbito penal, sino que busca establecer un esquema integral sustentado en cuatro ejes: prevención; atención y restitución de derechos; educación, con énfasis en la permanencia y reincorporación escolar; y coordinación entre las instituciones involucradas.
La legisladora sostuvo que actualmente existen deficiencias en los mecanismos para detectar y atender los casos de trabajo infantil, además de una actuación fragmentada entre autoridades y un seguimiento insuficiente de los menores identificados en esta situación.
La intención, señaló, es modificar la lógica de intervención gubernamental para que el Estado no actúe únicamente cuando el daño ya se produjo, sino que pueda detectar factores de riesgo y prevenir la explotación.
Durante el encuentro, Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario de Gobierno estatal, dimensionó el problema al señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en México.
Aunque aseguró que este indicador ha disminuido durante los últimos años en el Estado de México, reconoció que continúa representando un desafío que requiere la coordinación de distintas instituciones.
Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Codhem, respaldó la necesidad de contar con disposiciones legales que permitan prevenir, atender, sancionar y reparar las diferentes formas de trabajo infantil.
Por su parte, Omar Mañón Juárez, director general de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo estatal, señaló que combatir este fenómeno requiere no solamente voluntad gubernamental, sino coordinación y corresponsabilidad permanente entre las instituciones.
La iniciativa fue elaborada tomando como referencia el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 2025-2029 y todavía deberá avanzar en el proceso legislativo correspondiente.
De ser aprobada por el Congreso mexiquense, la explotación laboral infantil quedaría expresamente tipificada como delito en el Código Penal estatal, con penas que podrían alcanzar los nueve años de prisión.
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