Una denuncia por abuso de autoridad alcanzó a la presidenta municipal de San Antonio la Isla, Alejandra Castro Nava, luego de que una extrabajadora del gobierno municipal la acusara ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de haber ejercido violencia en su contra.
De acuerdo con el testimonio hecho llegar a Edoméx Ahora, la trabajadora Mariela San Juan Orozco, quien se desempeñaba en un área vinculada con la atención de personas con discapacidad, habría sido objeto de un trato humillante antes de ser separada de sus funciones.
Los denunciantes sostienen que el despido ocurrió de una manera que califican como «inhumana» y atribuyen a la presidenta municipal un comportamiento que, aseguran, excedería el ejercicio regular de sus atribuciones.
El asunto ya no se encuentra únicamente en el terreno de los señalamientos.
Un documento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGJEM, fechado el 9 de julio de 2026 y entregado al Ayuntamiento, muestra la existencia de una investigación por el delito de abuso de autoridad, en la que aparece como víctima Mariela San Juan Orozco y como imputado «quien resulte responsable».
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público solicitó al secretario del Ayuntamiento copias certificadas de los nombramientos y expedientes laborales de Mariela San Juan Orozco y Alejandra Castro Nava, así como registros de asistencia de la primera y los controles de visitantes de las oficinas de la Presidencia Municipal y de la Sala de Cabildos correspondientes al 3 de febrero de 2026.
La investigación confirma que los hechos denunciados son materia de indagatorias ministeriales.
Alejandra Castro Nava gobierna San Antonio la Isla durante el periodo 2025-2027 y llegó al cargo postulada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Denunciantes temen represalias
Las fuentes que hicieron llegar la documentación a Edoméx Ahora solicitaron expresamente mantener sus nombres bajo reserva.
Explicaron que su decisión obedece al temor de enfrentar posibles represalias y a lo que ellos describen como una forma «represiva, prepotente y arbitraria» de ejercer el poder desde la Presidencia Municipal.
«Ella no debe estar en la Presidencia Municipal, sino en la cárcel» , advirtieron.
Son también los denunciantes quienes cuestionan que, en medio de estos señalamientos, Castro Nava mantenga actividad política dentro del PRI y aseguran que pretende buscar nuevamente la Presidencia Municipal en el siguiente proceso electoral.
«Sería un grave error, pues además de su comportamiento prepotente, es una funcionaria incompetente que tiene a San Antonio la Isla en terribles condiciones; nunca habíamos estado como ahora», señalaron.
«Es imperdonable que quien debe proteger a la gente atropelle a su propio personal»
Para los declarantes, el señalamiento adquiere una dimensión especialmente grave por la responsabilidad institucional que tiene cualquier presidenta o presidente municipal.
Sostienen que quien encabeza un Ayuntamiento tiene entre sus principales obligaciones procurar condiciones de seguridad, tranquilidad y respeto para los habitantes del municipio, y que esa responsabilidad también alcanza a las personas que trabajan dentro de la propia administración.
A su juicio, resulta «imperdonable» que una autoridad que debe velar por los derechos y la integridad de la población sea señalada precisamente por vulnerar los derechos laborales y humanos de una persona que, afirman, únicamente cumplía con su trabajo.
«Si una presidenta municipal tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos, con mayor razón debe garantizar que quienes trabajan en su propio Ayuntamiento sean tratados con dignidad. No se puede ejercer el poder para humillar, intimidar o atropellar a alguien que solamente está desempeñando su trabajo», expresaron.
Las fuentes pidieron por ello que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción avance y concluya las investigaciones en el menor tiempo posible.
Los denunciantes fueron más allá y señalaron que esperan que, si la Fiscalía encuentra elementos para ello, se soliciten las medidas judiciales correspondientes contra Castro Nava.
Para ellos, permitir que un caso de esta naturaleza quede sin consecuencias podría generar un precedente negativo para el servicio público.
«Si un funcionario puede atropellar los derechos de su propio personal y no pasa nada, el mensaje para los demás servidores públicos sería terrible. Tiene que haber consecuencias cuando se acredita un abuso de autoridad», afirmaron.
También consideraron que una eventual sanción debería tener un efecto ejemplar, no como una condena anticipada, sino como un mensaje institucional de que ningún cargo público coloca a una persona por encima de la ley.
«Debe quedar claro para cualquier presidente municipal, director o funcionario que no puede utilizar su puesto para humillar o atropellar los derechos laborales y humanos de alguien. La función pública no puede convertirse en una patente para abusar del poder», sostuvieron.
La gobernadora Delfina ha sido tajante contra la violencia hacia las mujeres
El caso contrasta además con la postura de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, primera mujer en encabezar el Gobierno del Estado de México, quien ha sostenido que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en la sociedad y debe combatirse en todas sus formas.
Para los denunciantes, esa protección debe alcanzar también a quienes trabajan dentro de los ayuntamientos. «No puede permitirse que una mujer sea atropellada en sus derechos por quien precisamente tiene la obligación de proteger y respetar a los ciudadanos», señalaron.
Por ello, insistieron en que la Fiscalía concluya las investigaciones y, de encontrar elementos suficientes, actúe contra quien resulte responsable sin importar cargo, partido político o posición de poder.
«No le ayuda al PRI, lo perjudica»
Para los denunciantes, el caso rebasa incluso el ámbito municipal y debería encender alertas dentro del PRI mexiquense.
El partido atraviesa uno de los momentos de mayor debilidad territorial de su historia reciente en el Estado de México y gobierna actualmente una fracción considerablemente menor de los ayuntamientos que llegó a controlar durante décadas.
Ese retroceso constituye el contexto desde el cual los denunciantes cuestionan que comportamientos como los que atribuyen a Castro Nava puedan convertirse en un obstáculo para el intento del priismo mexiquense por recuperar presencia electoral.
El PRI en el Estado de México es encabezado por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, dentro de una etapa en la que el partido ha buscado proyectar una imagen de renovación, reorganización y recuperación territorial rumbo a los siguientes procesos electorales.
Sin embargo, para quienes denunciaron el caso de San Antonio la Isla, precisamente ahí radica la contradicción.
Sostienen que un partido que pretende presentarse ante los ciudadanos como renovado difícilmente podrá hacerlo si algunos de sus propios gobiernos municipales son señalados por presuntas prácticas autoritarias, abusos o malos resultados.
«Este tipo de presidentes municipales no ayudan al PRI; al contrario, lo perjudican» , señalaron.
Incluso consideraron que una de las razones por las cuales el Revolucionario Institucional perdió buena parte del poder político y electoral que mantuvo durante décadas fue el desgaste provocado por gobiernos y funcionarios que, desde su perspectiva, se alejaron de la ciudadanía y ejercieron el poder con prepotencia.
«Por actitudes como éstas el PRI perdió elecciones y perdió el poder. Si quiere recuperarse, no puede seguir haciendo lo mismo ni postulando a las mismas personas», expresaron.
Piden al PRI elegir bien en San Antonio la Isla
Los declarantes lanzaron también un mensaje directo a la dirigencia estatal encabezada por Cristina Ruiz.
Consideraron que, rumbo a la siguiente elección municipal, el PRI deberá revisar cuidadosamente el perfil de quien pretenda encabezar su candidatura a la Presidencia Municipal de San Antonio la Isla.
A su juicio, Cristina Ruiz y la dirigencia estatal tendrán que valorar no solamente la rentabilidad electoral de sus aspirantes, sino también su comportamiento en el ejercicio del poder, sus resultados y la percepción que existe entre los habitantes de los municipios que actualmente gobierna el partido.
Para los denunciantes, San Antonio la Isla debería ser una de las plazas donde el partido revise con mayor rigor sus decisiones.
«Si Cristina Ruiz quiere demostrar que realmente hay un PRI renovado, tendrá que empezar por elegir bien a sus candidatos. No puede pedir nuevamente el voto con perfiles que representan precisamente aquello que hizo que la gente se alejara del PRI», señalaron.
El antecedente de Capulhuac
El caso adquiere particular relevancia en el Estado de México por un antecedente que también comenzó con la denuncia de una trabajadora municipal contra una presidenta municipal.
En Capulhuac, la entonces alcaldesa Selenne Hernández Herrera fue detenida en junio de 2025 después de ser acusada de abuso de autoridad y de participar en la agresión contra una psicóloga del DIF municipal.
De acuerdo con la denuncia de aquel caso, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 y derivaron posteriormente en un proceso penal contra Hernández Herrera, su hija y una elemento de la Policía Municipal.
Un año después, en mayo de 2026, un juez condenó a la exalcaldesa de Capulhuac a cinco años y cinco meses de prisión por abuso de autoridad, además de ordenar su destitución del cargo e imponerle una multa.
Para los denunciantes, el antecedente de Capulhuac demuestra precisamente por qué este tipo de señalamientos no deben minimizarse cuando involucran a una autoridad municipal y a una trabajadora subordinada a su administración.
El caso vuelve además a colocar bajo escrutinio la manera en que se ejerce el poder dentro de algunos gobiernos municipales y, particularmente, el trato que reciben trabajadores de las propias administraciones.
En San Antonio la Isla, documentación pública del DIF municipal identifica a Mariela San Juan Orozco vinculada a servicios destinados a personas con discapacidad, coincidiendo con parte de la información proporcionada por los denunciantes.
Ahora corresponderá a la Fiscalía establecer qué ocurrió y, en su caso, determinar responsabilidades.
Los denunciantes insisten en que la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias y que, si se acredita la comisión de un delito y la responsabilidad de la autoridad municipal, debe aplicarse la ley sin privilegios ni consideraciones políticas.
Mientras tanto, quienes hicieron llegar el caso a Edoméx Ahora consideran que el daño no sería únicamente para la administración municipal, sino también para el partido que llevó a Alejandra Castro Nava al poder.
Y resumen su crítica en una frase:
«No honra al PRI, lo hunde» .
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