El Poder Judicial del Estado de México puso en marcha la Alianza Pro Bono, un programa con el que busca integrar una red de abogadas y abogados particulares dispuestos a brindar asesoría, representación y defensa jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Abogados Pro Bono, que será publicado en el sitio oficial del Poder Judicial mexiquense para que la ciudadanía pueda conocer qué profesionales se han incorporado al esquema.
Durante la presentación del programa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, señaló que el objetivo es reducir las barreras que enfrentan quienes requieren una defensa jurídica, pero no cuentan con las condiciones necesarias para acceder a ella.
«Todas las personas tienen derechos, pero no todas cuentan con recursos. Esa es una realidad que no podemos desconocer» , sostuvo.
Explicó que la expresión Pro Bono proviene del latín y significa «por el bien público» , y llamó al gremio jurídico mexiquense a asumir una mayor responsabilidad social.
«Quien acepta un asunto Pro Bono se vuelve un ser más íntegro» , afirmó.
Macedo García destacó que el programa no estará necesariamente limitado a personas de bajos ingresos, ya que la vulnerabilidad puede obedecer a distintas circunstancias.
«No necesariamente tiene que ser una condición económica, puede ser una condición de vulnerabilidad» , explicó.
Incluso puso como ejemplo que una mujer puede contar con ingresos y aun así encontrarse en una situación vulnerable, particularmente en conflictos de carácter familiar.
¿Cómo funcionará?
Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, secretario Técnico del Tribunal Superior de Justicia, explicó que el programa busca establecer una red de colaboración entre el Poder Judicial y el sector legal privado.
Las y los litigantes interesados podrán registrarse mediante una plataforma electrónica institucional. Una vez que sus datos sean validados, serán incorporados al padrón de abogados Pro Bono.
El registro será público y también podrá ser compartido con asociaciones, barras y colegios de abogados.
Las actividades contempladas incluyen asesoría jurídica, representación, patrocinio y defensa de personas que lo requieran, además de acciones de promoción de los derechos humanos y de la cultura Pro Bono.
El programa se regirá por principios de dignidad y equidad profesional, gratuidad estricta y sin condiciones, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia, continuidad y responsabilidad social.
Los casos también podrán ser canalizados desde las áreas de atención ciudadana del Poder Judicial y mediante otros mecanismos de contacto directo con la población.
Además, los propios abogados podrán identificar y proponer asuntos susceptibles de incorporarse al esquema.
Todavía no saben cuántas personas podrían necesitarlo
Durante la sesión de preguntas y respuestas, Macedo reconoció que todavía no existe una estimación precisa sobre la cantidad de personas que podrían requerir este tipo de apoyo jurídico.
«Realmente no tenemos la dimensión; sería mentir» , expresó.
Consideró que el desarrollo del propio programa permitirá conocer gradualmente el tamaño de la demanda y los principales tipos de asuntos que requieren atención.
Agustín Flores Jaimes, presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados del Estado de México, señaló que, de acuerdo con la experiencia de las organizaciones del gremio, los asuntos familiares son los que presentan mayor demanda, seguidos por los de carácter penal.
Flores Jaimes sostuvo que el acceso a la justicia no significa únicamente que los tribunales se encuentren abiertos, sino que las personas puedan contar con asesoría y representación profesional, técnica y responsable.
Señaló que el programa representa una oportunidad para que la abogacía se convierta en un agente de transformación social y para que el conocimiento jurídico sea utilizado como una herramienta de solidaridad.
«No se trata únicamente de prestar un servicio gratuito, se trata de ofrecer el mismo compromiso, la misma preparación y la misma calidad profesional que brindaríamos a cualquier persona que acudiese a nuestros despachos» , señaló.
Buscan dignificar la profesión
Macedo también planteó que la Alianza Pro Bono puede contribuir a mejorar la percepción social sobre la abogacía.
«Revirtamos el prestigio de la abogacía del Estado de México» , pidió a las y los litigantes presentes.
Aseguró que no existe detrás del programa ningún interés económico ni cuotas para los abogados participantes, sino únicamente la intención de cumplir con una función social.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia convocó al gremio a participar activamente y a visibilizar los casos de éxito para que más personas conozcan la posibilidad de obtener respaldo jurídico gratuito.
La próxima reunión general con asociaciones, barras, colegios y profesionales del derecho se realizará el 25 de agosto a las 17:00 horas, con el propósito de analizar necesidades, propuestas y mecanismos de operación de la Alianza Pro Bono.
El registro de abogados interesados estará disponible a través de la plataforma electrónica del Poder Judicial del Estado de México y posteriormente será difundido públicamente para ponerlo a disposición de la ciudadanía.
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