La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por mayoría de votos el nuevo marco legal de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con el que desaparece definitivamente el Infoem y sus funciones pasan a un nuevo organismo denominado Transparencia Mexiquense, adscrito a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno estatal.
La decisión se tomó este jueves durante el Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso mexiquense, en medio de posiciones encontradas entre Morena y partidos de oposición sobre las consecuencias que tendrá la desaparición del organismo autónomo.
El dictamen reúne dos iniciativas: una presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y otra por el diputado Gerardo Pliego Santana, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
Con la reforma se expiden nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas para el Estado de México y sus municipios, además de modificaciones a cinco ordenamientos estatales.
El nuevo modelo crea Transparencia Mexiquense, definido como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa, que asumirá las funciones de autoridad garante local.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la legislación mantiene el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información pública, conserva medios de impugnación y establece obligaciones de transparencia para dependencias, poderes públicos, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos y demás sujetos obligados.
En materia de protección de datos personales, también se mantienen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO.
Morena defiende austeridad y derechos
Desde Morena, el diputado Octavio Martínez aseguró que la reforma no elimina derechos ciudadanos y sostuvo que responde a la obligación de armonizar la legislación estatal con el nuevo modelo nacional.
«La narrativa de que no se accederá a la información pública es imprecisa» , afirmó al señalar que los ciudadanos conservarán la posibilidad de solicitar información a los diferentes sujetos obligados.
El legislador puso además sobre la mesa el costo de operación del desaparecido Infoem, incluidos salarios, estructura administrativa y viajes, y sostuvo que los recursos ahorrados podrán destinarse a programas sociales, educación e infraestructura.
La mayoría legislativa argumentó que el nuevo esquema permitirá aplicar criterios de austeridad, simplificación administrativa y racionalización del aparato gubernamental.
PAN: «El árbitro será parte de uno de los equipos»
La oposición cuestionó, sin embargo, que la institución encargada de garantizar el acceso a la información deje de ser autónoma y quede incorporada al propio Poder Ejecutivo.
La diputada panista Alexis Dávila calificó la reforma como un «retroceso democrático» y advirtió que, aunque formalmente permanezca el derecho a solicitar información, se debilita la independencia de la autoridad encargada de defender a los ciudadanos cuando una dependencia se niegue a entregarla, la proporcione de manera incompleta o pretenda reservarla.
«¿Les parece lógico que el árbitro sea parte del cuerpo técnico de uno de los equipos?» , cuestionó.
PRD: podría afectarse la confianza ciudadana
El coordinador parlamentario del PRD, Omar Ortega, también manifestó su rechazo a la desaparición del Infoem y al traslado de sus atribuciones a una instancia vinculada con el Ejecutivo estatal.
Sostuvo que colocar al organismo garante dentro de la estructura del mismo gobierno que debe entregar información podría generar dudas entre los ciudadanos respecto de la imparcialidad con la que se resolverán las controversias.
«¿Cómo puede un ciudadano tener plena confianza en su solicitud cuando la autoridad que debe garantizarla pertenece al mismo aparato gubernamental que administra y resguarda esa información?» , planteó.
PRI advierte menor protección
Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa sostuvo que el debate no debía concentrarse únicamente en la estructura burocrática, sino en garantizar que los derechos alcanzados hasta ahora no resultaran debilitados.
Advirtió que sustituir al Infoem por un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, sin independencia orgánica ni presupuestaria y con un titular designado desde el Ejecutivo, podría reducir el nivel de protección previamente alcanzado.
A su juicio, ello podría contravenir los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
Un nuevo modelo tras la desaparición del Infoem
La aprobación culmina el proceso iniciado con la reforma que eliminó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios como órgano constitucional autónomo.
El punto de confrontación política ya no está, por tanto, en si los mexiquenses podrán continuar solicitando información pública —derecho que permanece reconocido—, sino en quién resolverá cuando una autoridad se niegue a proporcionarla y qué grado de independencia tendrá esa instancia frente al propio gobierno.
Mientras Morena sostiene que los derechos permanecen intactos y que el cambio permitirá reducir burocracia y gasto público, PAN, PRI y PRD advierten que colocar al nuevo órgano garante dentro de la estructura del Ejecutivo puede debilitar uno de los principales contrapesos construidos durante las últimas décadas en materia de transparencia.
Durante el Octavo Periodo Extraordinario, el Congreso mexiquense también aborda la actualización de las categorías de la Presea Estado de México en materia de mérito civil y la donación de un inmueble en Naucalpan a favor del IMSS-Bienestar, destinado a brindar atención médica y hospitalaria gratuita a personas sin seguridad social.
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