El Congreso mexiquense puso bajo la lupa un problema que durante años ha acompañado la expansión urbana del Estado de México: la autorización de desarrollos habitacionales en zonas donde después faltan agua potable, drenaje y otros servicios básicos. Ahora, diputados y Gobierno estatal buscan endurecer las reglas para impedir que ese modelo siga repitiéndose.
La discusión cobra mayor relevancia porque coincide con la meta de construir alrededor de 100 mil nuevas viviendas en la entidad como parte del Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la Comisión de Desarrollo Urbano de la LXII Legislatura se analizaron tres propuestas con alcances distintos pero vinculadas entre sí: una del diputado de Morena Octavio Martínez Vargas, otra de la bancada del PVEM, encabezada por José Alberto Couttolenc Buentello, y una más enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Uno de los planteamientos más contundentes fue el del presidente de la comisión, Héctor Karim Carvallo Delfín, quien pidió una legislación más funcional para evitar que los gobiernos municipales otorguen permisos a desarrolladores cuando no exista capacidad para garantizar servicios básicos, especialmente agua potable.
El señalamiento toca directamente uno de los principales conflictos del crecimiento urbano mexiquense: nuevos conjuntos habitacionales que incrementan la población y la demanda de infraestructura en municipios donde los servicios ya resultan insuficientes.
Carvallo también planteó avanzar en la regularización de asentamientos irregulares y resumió el problema con una expresión: muchas personas no viven donde quieren, sino donde pueden.
Vivienda con visión social
Por su parte, Octavio Martínez sostuvo que el problema de vivienda requiere una visión social más amplia y recordó que el Programa Nacional de Vivienda contempla la construcción de un millón 800 mil casas en el país, de las cuales alrededor de 100 mil corresponderían al Estado de México.
El legislador señaló además que 18 por ciento de la población paga renta y destina cerca de 40 por ciento de sus ingresos a cubrirla, por lo que consideró necesario ampliar las alternativas de acceso a vivienda y establecer sanciones para desarrolladores que incumplan con la dotación de servicios públicos.
Su iniciativa propone crear un Sistema Estatal de Vivienda y un Programa Estatal de Vivienda que permitan coordinar políticas, definir objetivos, establecer metas, prever recursos y evaluar resultados.
También contempla instrumentos de planeación urbano-territorial y la posibilidad de presentar denuncias ciudadanas por violaciones al derecho a la vivienda o restricciones de acceso a información pública relacionada con la materia.
Alquiler social y mayores controles
Desde el PVEM, la propuesta incorpora la figura de alquiler social, con la que se pretende ofrecer rentas a precios preferentes para sectores vulnerables, particularmente jóvenes.
La iniciativa impulsada por Delfina Gómez busca modificar distintos ordenamientos estatales para agilizar trámites, fortalecer el ordenamiento territorial y reducir márgenes de discrecionalidad en los procesos relacionados con el desarrollo urbano.
Pero la propuesta de la gobernadora también incluye mayores controles para los desarrolladores. Entre ellos destaca limitar la liberación del último 25 por ciento de los permisos de venta de un conjunto habitacional hasta que éste haya sido entregado completamente al ayuntamiento, como una medida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas constructoras.
Representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura señalaron que los cambios también pretenden facilitar la inversión, generar empleo y hacer más eficientes los procesos administrativos relacionados con vivienda.
Certeza jurídica y menos discrecionalidad
Javier Cruz Jaramillo, diputado de Morena, explicó que las iniciativas buscan armonizar las autorizaciones de uso de suelo y las evaluaciones de impacto estatal para evitar que los proyectos se tramiten mediante fracciones aisladas de un mismo predio.
Aseguró además que las modificaciones no generarían mayor burocracia, sino que reducirían discrecionalidad y brindarían mayor certeza jurídica tanto a familias como a desarrolladores.
Desde el PRI, Mariano Camacho San Martín pidió distinguir entre la regularización de la tierra y la regularización de asentamientos irregulares, pues cada problemática requiere la intervención de autoridades distintas y, en algunos casos, deriva de conflictos entre particulares.
También planteó cuidar la redacción final de la reforma e impulsar la autoconstrucción como una alternativa para atender la demanda de vivienda.
Las iniciativas todavía se encuentran en análisis legislativo y no han sido aprobadas.
Sin embargo, el debate coloca sobre la mesa una definición de fondo para el futuro urbano del Estado de México: si la expansión de vivienda continuará avanzando sin que los servicios crezcan al mismo ritmo o si, antes de autorizar nuevos desarrollos, municipios y constructoras deberán garantizar agua, infraestructura y condiciones mínimas para quienes habiten esos espacios.
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