El síndico municipal Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera solicitaron una auditoría especial a la administración de Chapa de Mota, encabezada por la alcaldesa María Guadalupe Franco Cruz, por presuntas irregularidades detectadas en movimientos de nómina.
De acuerdo con los denunciantes, fueron identificados 184 movimientos bancarios por un total de 1 millón 480 mil 584 pesos, vinculados con ocho personas que, según su señalamiento, mantienen relaciones de parentesco o afinidad con la presidenta municipal.
La información fue obtenida luego de resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México que permitieron acceder a reportes de dispersión de nómina que previamente habían sido solicitados al Ayuntamiento.
Denuncias administrativas
Además de la auditoría, el síndico y la regidora anunciaron la presentación de nueve denuncias administrativas ante distintas instancias estatales.
Las acciones fueron dirigidas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y a la Contraloría del Poder Legislativo, además de solicitarse la intervención de la Comisión de Vigilancia del OSFEM para revisar la nómina correspondiente a 2025 y al periodo abril-junio de 2026.
Los señalamientos también alcanzan a otros integrantes de la administración municipal. Los denunciantes reportaron tres procedimientos contra la tesorera, uno contra el secretario del Ayuntamiento, cuatro contra la alcaldesa y uno más contra José Luis García Guzmán, presidente honorífico del DIF municipal y esposo de la edil.
Antecedentes de conflicto
El conflicto político y administrativo dentro del Ayuntamiento no es nuevo.
De acuerdo con lo expuesto por el síndico, existen resoluciones del Tribunal Electoral mexiquense relacionadas con la obstrucción del ejercicio de su cargo, mismas que derivaron en amonestaciones públicas contra la alcaldesa y la tesorera.
También se señaló que una resolución confirmó que el salario del titular del área jurídica fue cargado al presupuesto de la sindicatura, pese a que, según la denuncia, dicha persona no prestaba servicios en esa área.
Violencia política de género
A este escenario se suman acusaciones de violencia política en razón de género.
La primera regidora, María del Rosario Franco Barrera, denunció actos de intimidación y obstaculización después de votar en contra del proyecto de presupuesto municipal.
Entre los hechos señalados se encuentra el cambio de la chapa de su oficina, con lo que presuntamente se le impidió ingresar al espacio de trabajo, así como descalificaciones verbales atribuidas al presidente honorífico del DIF.
La regidora aseguró haber recibido expresiones como «no sirves para regidora, mejor vete a tu casa» , por lo que pidió su destitución y la revisión de las medidas cautelares relacionadas con su denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México.
Antonio García y María del Rosario Franco sostienen que sus acciones no responden a diferencias políticas, sino a hechos documentados que deben ser revisados por las autoridades competentes.
Ahora corresponderá al OSFEM, al Congreso mexiquense y a las instancias administrativas y electorales determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos y si hay responsabilidades de funcionarios del Ayuntamiento de Chapa de Mota.
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