Las calles no pueden esperar

✍🏻 Fernando Flores

El deterioro de las calles y avenidas del Estado de México dejó de ser una simple molestia cotidiana. Se ha convertido en un problema que afecta la seguridad, la movilidad y el patrimonio de millones de personas.

No sucede solamente en Toluca. En numerosos municipios mexiquenses encontramos baches, hundimientos, fracturas del pavimento, reparaciones provisionales y vialidades que vuelven a deteriorarse después de cada temporada de lluvias.

Pero Toluca, por su condición de capital del estado y por la intensidad de su circulación vehicular, constituye uno de los ejemplos más visibles de esta problemática.

Los ciudadanos terminamos pagando dos veces. Primero, mediante los impuestos, derechos y contribuciones destinados al mantenimiento de la infraestructura pública. Después, con nuestro propio dinero, cuando debemos reparar llantas, rines, suspensiones, amortiguadores y direcciones dañadas al caer en algún bache.

También se paga con tiempo perdido, congestionamientos, accidentes, afectaciones al transporte público y riesgos para motociclistas, ciclistas y peatones.

En este contexto debe analizarse el pronunciamiento presentado por la Unión de Abogados por Calles Seguras y Transitables, representada por el abogado Jaime León Saras. El documento fue recibido el 4 de septiembre por instancias del Gobierno del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca, como consta en los respectivos acuses.

No se trata solamente de una queja. Es una petición ciudadana sustentada en disposiciones constitucionales y legales que reconocen el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia y calidad.

Entre otros puntos, el documento solicita un diagnóstico técnico, público y actualizado sobre el estado de las vialidades; un programa emergente y permanente de rehabilitación; información sobre los recursos presupuestales asignados y ejercidos; la transparencia de los contratos, montos y empresas ejecutoras, así como mecanismos de supervisión ciudadana.

Son peticiones razonables que merecen una respuesta puntual.

En el caso de Toluca, sería injusto afirmar que el gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno no ha realizado acciones para atender el problema. Se han emprendido trabajos de bacheo y repavimentación, además de incorporar maquinaria especializada, entre ella la denominada “Diablo Dragón”, para acelerar la rehabilitación de algunas vialidades.

Las obras existen y deben reconocerse.

Sin embargo, reconocerlas no significa afirmar que el problema se encuentra resuelto. La extensión y profundidad del deterioro acumulado son tales que las acciones emprendidas hasta ahora resultan insuficientes frente a las condiciones que todavía presentan numerosas calles de la capital mexiquense.

No se trata de descalificar el esfuerzo municipal ni de negar los trabajos realizados. Se trata de observar una realidad que cualquier ciudadano puede comprobar al recorrer Toluca: todavía existen vialidades severamente dañadas y zonas donde el bacheo provisional dejó de ser una solución adecuada.

Hay calles que ya no necesitan otro parche. Requieren una reconstrucción integral, corrección de los problemas de drenaje, preparación adecuada del terreno, materiales resistentes y obras con una vida útil claramente establecida y verificable.

En las vialidades de mayor circulación y carga vehicular debería estudiarse seriamente la utilización de concreto hidráulico. Aunque su inversión inicial puede ser mayor, ofrece una duración considerablemente superior cuando se construye correctamente, facilita la planeación del mantenimiento y puede evitar que el gobierno tenga que gastar una y otra vez en reparar los mismos tramos.

No se propone colocar concreto hidráulico indiscriminadamente en toda la ciudad. Cada vialidad necesita un diagnóstico que considere el tipo de suelo, el tránsito diario, el peso de los vehículos, la infraestructura hidráulica y sanitaria, el comportamiento del agua y las condiciones climáticas.

Pero seguir colocando capas superficiales sobre calles estructuralmente dañadas tampoco puede considerarse una política pública sostenible.

En numerosos puntos, las reparaciones apenas resisten entre seis meses y un año, de acuerdo con lo que cotidianamente observan los propios ciudadanos. Después reaparecen las fracturas y los baches, vuelven las cuadrillas y nuevamente se destinan recursos públicos a una vialidad que aparentemente ya había sido atendida.

Ese ciclo interminable puede provocar que una reparación barata termine resultando mucho más costosa. El presupuesto público no debe evaluarse únicamente por cuánto cuesta realizar una obra hoy, sino por cuánto costará conservarla durante los siguientes diez, veinte o treinta años.

Una inversión inicial mayor puede ser financieramente más responsable cuando reduce las reparaciones recurrentes, prolonga la vida de la vialidad y evita daños al patrimonio de los ciudadanos. Lo barato deja de ser económico cuando debe pagarse repetidamente.

Por eso, además de informar cuántos baches fueron tapados o cuántos kilómetros aparecen en los reportes oficiales, las autoridades deberían publicar el tipo de material utilizado, el espesor colocado, la empresa responsable, el costo por kilómetro, la vida útil proyectada y las garantías establecidas en cada contrato.

Cuando una vialidad rehabilitada vuelve a dañarse poco tiempo después, no basta con atribuirlo a las lluvias. Deben revisarse la calidad de los materiales, la preparación del terreno, el drenaje, la supervisión de los trabajos y el cumplimiento de las empresas contratadas.

También tendría que exigirse que las constructoras respondan cuando una obra presente fallas dentro del periodo de garantía. El ciudadano no debe pagar nuevamente por corregir un trabajo deficiente que ya fue cubierto con recursos públicos.

No todas las vialidades son responsabilidad del Ayuntamiento. Algunas corresponden al Gobierno del Estado de México y otras pueden encontrarse bajo jurisdicción federal. Por eso resulta indispensable identificar públicamente qué autoridad tiene a su cargo cada vía y evitar que la distribución de competencias se convierta en un pretexto para la inacción.

El ciudadano no tendría que recorrer oficinas para descubrir a quién pertenece la calle donde dañó su automóvil. Las autoridades están obligadas a coordinarse, canalizar las solicitudes y explicar con claridad quién debe reparar cada tramo.

Una política vial eficiente no puede medirse solamente por el número de cuadrillas desplegadas, las toneladas de mezcla asfáltica utilizadas o las fotografías difundidas en redes sociales. Debe evaluarse por la duración de las obras, el costo total de su mantenimiento y las condiciones reales en las que transitan los ciudadanos.

El pronunciamiento promovido por la Unión de Abogados ya tiene sello, folio y fecha de recepción. Por lo tanto, las autoridades destinatarias deben responder formalmente, como dispone el artículo 8.º de la Constitución.

Pero la respuesta que esperan los ciudadanos no puede limitarse a un oficio administrativo. Debe traducirse en diagnósticos públicos, presupuestos transparentes, obras supervisadas y vialidades verdaderamente transitables.

El gobierno de Ricardo Moreno ha comenzado a intervenir calles y ha incorporado maquinaria para enfrentar el deterioro. Es un esfuerzo que debe reconocerse, pero la dimensión del problema exige acelerar los trabajos y pasar gradualmente del bacheo recurrente a la reconstrucción integral de las vialidades más dañadas.

Toluca no se deterioró en unos cuantos meses y tampoco podrá reconstruirse de la noche a la mañana. Precisamente por eso necesita una estrategia de largo plazo, recursos suficientes y coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Los ciudadanos no exigen calles de lujo. Exigen obras bien planeadas, materiales duraderos y la posibilidad de trasladarse sin arriesgar su integridad ni destruir su patrimonio.

Después de tantos años de deterioro y de tantos recursos invertidos, no es una petición excesiva. Es lo mínimo que las autoridades deben garantizar.

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