La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), encabezada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, inició de oficio una investigación por presuntos cobros a familiares de personas privadas de la libertad y por cuotas para acceder a celdas, agua y otros servicios dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez.
El organismo informó que tuvo conocimiento de los señalamientos difundidos en medios digitales y redes sociales y determinó intervenir ante la posibilidad de que se estén vulnerando los derechos de las personas internas a permanecer en condiciones dignas y seguras.
La investigación quedó a cargo de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, que realizará las diligencias para establecer si los hechos ocurrieron y determinar eventuales violaciones a derechos humanos.
Los señalamientos
Entre los señalamientos destacan presuntos pagos exigidos para permitir visitas de familiares, además de cuotas para acceder a celdas, agua y otros servicios que deberían formar parte de las condiciones básicas de estancia en el centro penitenciario.
El caso coloca también bajo escrutinio a la estructura responsable del sistema penitenciario mexiquense: el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; el subsecretario de Control Penitenciario, Víctor Manuel Martínez Mendoza, y el director general de Prevención y Reinserción Social, Rafael Ángel González Uscanga.
No es un caso aislado
Los señalamientos adquieren mayor relevancia porque no se trata de un antecedente aislado. En julio, la propia CODHEM reportó 478 quejas durante 2026 contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social por presuntas irregularidades y abusos de autoridad en los 21 penales mexiquenses y el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque. Almoloya de Juárez encabezaba entonces la lista, con 74 quejas.
Además, la Secretaría de Seguridad informó en junio que, como resultado de revisiones técnicas, administrativas y operativas realizadas desde enero de 2025 en los centros penitenciarios, se habían registrado 63 destituciones, 81 rotaciones y un cambio de director.
La investigación encabezada por la CODHEM deberá determinar ahora si existe un sistema de cuotas dentro del penal de Almoloya, quiénes estarían involucrados y qué controles han aplicado las autoridades penitenciarias para impedir que servicios básicos o el contacto de las personas privadas de la libertad con sus familias sean utilizados como mecanismos de cobro.
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