El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley Mariana Lima Buendía, una reforma impulsada por la madre de Mariana, Irinea Buendía Cortés, que marca un antes y un después en la investigación de muertes violentas de mujeres y niñas en la entidad.
La reforma, presentada por la diputada de Morena Jennifer Nathalie González Lópe, establece dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la Fiscalía General de Justicia estatal deberá investigar con perspectiva de género y bajo el principio de debida diligencia «todas las muertes violentas de mujeres y niñas, aplicando el protocolo correspondiente al feminicidio» .
Con ello, busca evitar que una muerte violenta sea descartada de manera anticipada como accidente, suicidio u otra causa sin que antes se agoten las líneas de investigación relacionadas con la violencia de género.
Sanciones para funcionarios que obstruyan la justicia
La reforma también incorpora nuevas responsabilidades para las personas servidoras públicas. De acuerdo con los cambios aprobados al Código Penal estatal, quienes incurran en actos de corrupción, omisiones, negligencia u otras conductas que obstaculicen una investigación o la administración de justicia podrán enfrentar penas de cuatro a diez años de prisión, además de 100 a 150 días multa, así como destitución e inhabilitación.
El legado de Mariana Lima
La iniciativa retoma propuestas de Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, además de incorporar criterios de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 2015.
El caso de Mariana Lima se convirtió en un precedente clave: su muerte había sido considerada un suicidio y el expediente fue archivado; tras la intervención de la Suprema Corte, el caso fue reabierto y analizado con perspectiva de género, hasta acreditarse que se trató de un feminicidio.
El dictamen identifica deficiencias históricas en estas investigaciones, como pérdida de evidencias, líneas de investigación no agotadas y una aplicación deficiente de la perspectiva de género.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense busca que la perspectiva de género no quede solo como un criterio institucional, sino como una obligación respaldada por la ley y sanciones para quienes incumplan su deber de procurar justicia.
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