Por: Raúl García Rodríguez
Miércoles 30 de septiembre de 2026.- Si bien es cierto que la concertación política y las mesas de trabajo ayudan a reducir tensiones, la transformación del transporte requiere compromisos vinculantes, inversión técnica y regulación con dientes.
El diálogo que impulsa el gobierno de @DelfinaGomez por sí solo se queda corto, debido a que se hace frente a una problemática multifactorial.
En primer lugar, la trampa del esquema hombre-camión: La mayor parte del transporte concesionado opera bajo un modelo de incentivos perversos. El concesionario individual compite por el pasaje para cubrir la cuota, la gasolina y la cuenta del día.
Además, renovar la flota comercial, dar el salto a unidades eléctricas o de baja emisión requiere esquemas de financiamiento, subsidios cruzados y garantías estatales.
Integrar cámaras, botones de pánico, monitoreo GPS y tarjetas de pago único exige inversión en infraestructura digital y fiscalización en tiempo real. Sin supervisión constante, las promesas de las mesas de diálogo suelen diluirse a los pocos meses.
A la ecuación se suma otro elemento: los vicios arraigados como el sobrecupo, las rutas duplicadas y el transporte irregular o «pirata». Garantizar el orden implica aplicar la ley, realizar operativos permanentes y revocar concesiones si se incumplen las condiciones del servicio.
Para que el diálogo rinda frutos reales, deben cumplirse al menos cuatro condiciones: transición acelerada de concesión individual a empresas operadoras, homologación de rutas alimentadoras con grandes sistemas masivos, fondos mixtos de renovación vehicular vinculados al cumplimiento de estándares de calidad y profesionalización obligatoria de operadores y formalización de sus derechos laborales.
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