Por: Raúl García Rodríguez
Miércoles 07 de octubre de 2026.- ¿Es realmente el 2026 el año de las obras en el Estado de México o un slogan más de la cuarta transformación?
En la política mexiquense nombrar un año con un sello específico —como lo hizo el gobierno de @DelfinaGómez— responde a una necesidad de legitimación a mitad de sexenio.
Tras los primeros tres años centrados en la consolidación territorial de Morena y en el despliegue de programas sociales, hoy es impostergable mostrar «cemento, acero y soluciones tangibles» para mitigar el desgaste natural del ejercicio del poder.
Declarar el 2026 como el «año de las obras» es el reconocimiento tácito de que las transferencias directas generan respaldo electoral, pero no resuelven los colapsos estructurales del Estado de México, entre ellos la movilidad metropolitana, el desabasto hídrico en la cuenca del Valle de México y la conectividad en el sur.
Al interior de la administración estatal debe entenderse que el principal enemigo de un «año de las obras» no es la falta de dinero, sino la burocracia estatal.
El riesgo recurrente es que los grandes proyectos megapublicitados terminen convertidos en obras a medio terminar o inauguraciones simbólicas de proyectos inconclusos.
Obras clave de transporte e hidráulicas dependen de la coordinación con el gobierno federal y con los alcaldes de la zona metropolitana del Valle de México. Medir la eficiencia de la gobernadora y su gabinete radicará en ver si pesa más la filiación partidista compartida o las rencillas locales.
El éxito o fracaso del «año de las obras» dependerá de si la ciudadanía percibe una mejora real en sus tiempos de traslado, acceso al agua y calidad de vida diaria, o si el concepto queda registrado únicamente como un lema impreso en las hojas membretadas del Ejecutivo mexiquense.
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