Por José Manuel Rueda Smithers
Un gobierno que pierde la voz laboral
Un conflicto no se resuelve minimizándolo.
Se enfrenta con interlocución, argumentos y voluntad política.
Lo que ocurre con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social merece una lectura que vaya más allá de las demandas salariales y de las diferencias entre las dirigencias sindicales y sus representados. Estamos ante un problema que también exhibe las deficiencias del gobierno federal para comunicar, negociar y conducir un conflicto laboral de importancia nacional.
La primera falla consiste en no comprender que una inconformidad laboral no desaparece porque una dirigencia haya alcanzado un acuerdo, porque una autoridad presente cifras favorables o porque desde Palacio Nacional se ofrezca una explicación distinta de la que viven los trabajadores.
La realidad tiene sus propias reglas. Si quienes dicen representar a una base laboral no consiguen convencerla de los términos negociados, el problema deja de ser exclusivamente sindical. Se convierte en una señal que las autoridades están obligadas a interpretar con seriedad.
Aquí es donde la comunicación gubernamental tendría que desempeñar una función decisiva. No para defender una versión oficial ni para neutralizar las críticas, sino para explicar qué sucede, escuchar a quienes protestan, informar sobre las negociaciones y establecer compromisos verificables.
Sin embargo, el gobierno federal carece de una interlocución laboral visible, constante y convincente. La Secretaría del Trabajo debería ocupar un lugar central en ese proceso. Su titular tendría que explicar el estado de las conversaciones, los puntos de coincidencia, las diferencias pendientes y los pasos necesarios para avanzar.
No se trata de organizar una conferencia diaria por razones de imagen. Se trata de asumir una responsabilidad pública. Cuando miles de trabajadores expresan inconformidad, el silencio institucional deja espacio a la incertidumbre, mientras las declaraciones aisladas difícilmente construyen confianza.
El problema parece extenderse a otras líneas de conducción gubernamental. Falta tacto para reconocer la dimensión humana del conflicto, interés para escuchar sin prejuicios y compromiso para explicar con claridad lo que puede resolverse y lo que todavía requiere negociación.
Y detrás de esa conducta aparece una de nuevo la pifia de quienes asesoran al poder. No ayudan a comprender lo que sucede y vagan con argumentos para defender decisiones previamente tomadas.
Cuando el análisis se convierte en justificación, la comunicación pierde su utilidad. No anticipanescenarios, preparan respuestas ni advierten sobre los riesgos, y se termina improvisando explicaciones que no convencen a quienes conocen el problema de primera mano.
La respuesta gubernamental no puede reducirse a las declaraciones presidenciales ni a los posicionamientos del director general del IMSS, Zoé Robledo. Cada institución tiene responsabilidades propias y debe asumirlas. La conferencia presidencial puede fijar una posición política, pero no sustituye el trabajo técnico, la negociación laboral ni la información puntual que corresponde ofrecer a las dependencias involucradas.
Los medios de comunicación, entretanto, seguirán informando sobre las protestas, las diferencias y las respuestas oficiales. Es su función. Pretender que la agenda desaparezca porque incomoda al gobierno sería confundir comunicación con propaganda.
El equilibrio informativo exige algo más: autoridades que aporten datos verificables, dirigentes que rindan cuentas a sus representados, trabajadores que puedan expresar sus demandas y medios que contrasten las distintas versiones. Ninguna de esas voces debe ser anulada para que otra conserve el control del relato.
Lo que está en juego no es solamente un acuerdo salarial. También está la confianza en las instituciones y la capacidad del gobierno para escuchar a quienes sostienen cotidianamente los servicios públicos.
Gobernar implica tomar decisiones, pero también explicar sus razones, reconocer los errores y corregir el rumbo cuando la realidad demuestra que una estrategia no funciona.
Entonces, el análisis falla y la comunicación improvisa. El gobierno termina hablando sin conseguir que le crean, y ni cuenta se da.
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