Las tres presidencias del Poder Judicial del Estado de México firmaron un pronunciamiento de cero tolerancia a la corrupción y el cohecho, que incluye medidas contra abusos de autoridad, omisiones y prácticas irregulares.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, advirtió que ningún cargo dentro del Poder Judicial debe representar un privilegio ni servir como protección frente a posibles responsabilidades por actos de corrupción.
«El cargo no concede privilegios, ni va a ofrecer protección frente a las responsabilidades» , afirmó el magistrado durante la firma del pronunciamiento, suscrito por los titulares de las tres instancias que integran el Poder Judicial mexiquense.
La corrupción no es solo dinero
Macedo García sostuvo que la corrupción no se limita a la solicitud de dinero o la recepción de beneficios indebidos, sino que también se manifiesta mediante:
- Demoras injustificadas en los procedimientos.
- Incumplimiento de obligaciones.
- Maltrato al personal.
- Uso irregular de recursos públicos.
- Abusos de autoridad.
En ese sentido, llamó a los servidores públicos judiciales a no confundir la lealtad institucional con guardar silencio ante conductas irregulares.
Señaló que quienes desempeñan sus funciones con honestidad deben contar con respaldo institucional y que las denuncias oportunas permiten detectar y corregir malas prácticas antes de que sus consecuencias sean mayores.
Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de que las investigaciones estén sustentadas en hechos concretos, para evitar que acusaciones falsas sean utilizadas como mecanismos de presión contra juzgadores o para influir en sus resoluciones.
Las investigaciones con plazo de seis meses
El pronunciamiento fue suscrito por las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, con el propósito de fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
Durante el encuentro, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández, informó que los lineamientos aprobados por el Pleno contemplan un plazo de seis meses para desarrollar las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades.
Explicó que esta disposición busca mejorar la oportunidad de las investigaciones y evitar que quienes presentan denuncias permanezcan sin conocer los avances de sus procedimientos.
También destacó que el combate a la corrupción debe comenzar dentro de la propia institución, mediante acciones preventivas y la profesionalización de sus integrantes.
Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, señaló que el pronunciamiento debe traducirse en medidas tangibles, contundentes y medibles que permitan demostrar a la ciudadanía resultados concretos.
Indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos anticorrupción impulsados en los ámbitos nacional y estatal, así como del plan institucional del Poder Judicial para el periodo 2025-2027.
El documento establece que cualquier conducta posiblemente constitutiva de una falta administrativa o delito deberá ser atendida por las autoridades competentes, con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y garantía del debido proceso.
Con este compromiso conjunto, las tres presidencias buscan establecer una política institucional en la que la prevención, la investigación y la responsabilidad de los servidores públicos sean elementos centrales para fortalecer la confianza en la impartición de justicia.
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