IEEM frena avance de compras para 2027; revisará controles de contratación ante crisis del INE

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) frenó el avance de las compras de material electoral para 2027 al enviar a revisión los documentos que definen sus características y la supervisión de su producción. También revisará sus controles de contratación, en el contexto de la crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) por señalamientos de presuntas irregularidades en las adquisiciones de insumos electorales.

Durante la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, el Consejo General acordó por unanimidad dejar pendiente la aprobación de dos proyectos: los formatos únicos del material electoral, que establecen los diseños y características que deben cumplir esos materiales, y el manual que fija cómo vigilar su fabricación y comprobar la calidad del producto terminado. Ambos regresaron a revisión para analizar medidas que permitan conocer y supervisar mejor las compras.

La consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, respaldó la revisión y defendió la legalidad de las contrataciones del organismo. Afirmó que, desde su llegada al cargo en julio de 2022, nunca ha recibido recomendaciones, sugerencias o instrucciones para favorecer a una empresa determinada.

Explicó que las compras corresponden a un comité en el que no participan las consejerías electorales y sostuvo que los procedimientos han sido auditados y revisados por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, instancias encargadas de revisar el uso de los recursos públicos.

El IEEM pretendía anticipar las compras al último trimestre de 2026 para obtener mejores precios y plazos de entrega. Al regresar los documentos a revisión, quedó pendiente aprobar las características de los materiales y las reglas para supervisar su elaboración, necesarias para avanzar con esas adquisiciones. No se precisó un nuevo calendario y la decisión no significa cancelar contratos ya otorgados.

La propuesta fue presentada por la consejera July Erika Armenta Paulino, presidenta de la Comisión de Organización, quien planteó revisar los procedimientos y permitir que la ciudadanía acompañe y observe sus distintas etapas. Subrayó que el IEEM cumplirá con su responsabilidad ante la población mexiquense, pero que es momento de hacerlo mejor.

Los diseños y especificaciones contemplan materiales para la elección de diputaciones y ayuntamientos, tanto para quienes voten en las casillas como para las personas mexiquenses residentes en el extranjero que envíen su voto por correo. También incluyen materiales adicionales para facilitar el ejercicio del voto a personas con discapacidad. El manual establece cómo supervisar la fabricación y verificar que los productos terminados cumplan con la calidad requerida.

Pulido aseguró que la organización electoral no está en riesgo y sostuvo que la coyuntura permite mejorar las reglas y los procedimientos administrativos. Defendió que las decisiones del instituto se toman de manera conjunta y advirtió que quienes pretendan aprovechar la crisis nacional para debilitar la confianza en el IEEM tendrán un nuevo intento fallido.

En el debate, Karina Ivonne Vaquera Montoya propuso que especialistas externos revisen las contrataciones de material y documentación electoral de años anteriores, particularmente aquellas relacionadas con empresas cuestionadas públicamente que han prestado servicios al instituto. Planteó esclarecer dudas y, si se detectan irregularidades, determinar quiénes deben responder por ellas, sin dar por culpable a ninguna persona antes de que se acrediten las conductas correspondientes.

También pidió privilegiar las licitaciones públicas nacionales, es decir, concursos abiertos en los que empresas del país puedan presentar sus ofertas y competir por los contratos. Propuso revisar la frecuencia con la que se contrata sin realizar esos concursos y explicar las razones para utilizar las excepciones que permite la ley.

Señaló que la ciudadanía y los medios de comunicación deben poder observar las distintas etapas de las compras y consideró necesario revisar las reglas internas del IEEM para adquirir bienes y servicios.

Vaquera recordó que una propuesta previa para abrir estos procedimientos a la observación pública no prosperó. Cuestionó, además, que la falta de tiempo se utilice como justificación para contratar directamente cuando existen programas de actividades y recursos previstos para preparar las compras.

También recordó una licitación de 2023 declarada desierta, es decir, que terminó sin seleccionar una oferta para otorgar el contrato, y cuestionó el papel de los testigos sociales, personas encargadas de observar los procedimientos y dar cuenta de cómo se desarrollan.

La consejera Patricia Lozano Sanabria sostuvo que la confianza ciudadana también depende de las decisiones administrativas y del uso de los recursos públicos. Señaló que la transparencia debe estar presente desde que se prepara cada contratación y permitir conocer qué se compra, a quién, a qué precio y bajo qué reglas, para que cualquier persona pueda revisar y verificar las decisiones.

Por su parte, Paula Melgarejo Salgado defendió las contrataciones realizadas para la elección judicial de 2025. Argumentó que los plazos disponibles y las definiciones recibidas del INE llevaron al organismo a contratar mediante una decisión del comité de adquisiciones, sin realizar una licitación pública, para garantizar que los materiales estuvieran disponibles a tiempo.

Según su exposición, para la documentación electoral fueron invitadas tres empresas y todas presentaron propuestas; para los materiales se convocó a nueve y participaron cuatro. Sostuvo que la intervención del comité evita que la decisión sobre a quién contratar recaiga en una sola persona.

Pulido también explicó que el calendario de la elección judicial obligó a utilizar una excepción permitida por la ley para contratar sin licitación pública, debido al tiempo disponible después de que se aprobaron los cambios legales que hicieron posible esa elección en el estado.

Melgarejo afirmó que los procedimientos de compra y las contrataciones directas están publicados en el portal del IEEM y pueden ser consultados por cualquier persona.

Otro punto fue la concentración de proveedores, es decir, que las opciones para adquirir estos materiales se encuentran en un grupo reducido de empresas. Pulido señaló que no son más de nueve las compañías del ramo, mientras Armenta cuestionó lo cerrado del mercado y las escasas alternativas disponibles.

Durante la discusión se señaló que las características técnicas exigidas por el INE para fabricar los materiales reducen las opciones de empresas que pueden cumplirlas. También se advirtió la dificultad de identificar a los propietarios de las compañías cuando las negociaciones se realizan con sus representantes.

Melgarejo pidió revisar esos requisitos y sus efectos sobre las compras de los institutos electorales estatales. Vaquera también planteó analizar alternativas como el voto electrónico, mediante herramientas tecnológicas para emitir el sufragio.

Al abordar el manual de supervisión, Armenta destacó que debe reducir el margen para tomar decisiones sin criterios claros y garantizar la calidad de los materiales que llegarán a las casillas. Solicitó analizar medidas para que la ciudadanía pueda vigilar todo el procedimiento.

También advirtió que fabricar, distribuir y almacenar los materiales requiere una planeación cuidadosa por las dimensiones y características geográficas del Estado de México, por lo que es necesario anticipar dificultades y detectar aspectos que deban mejorarse.

Sayonara Flores Palacios reiteró que el instituto está sujeto a la revisión de la ciudadanía y a evaluaciones permanentes de las autoridades correspondientes. Flor Angeli Vieyra Vázquez respaldó la revisión de los criterios de compra y pidió que las decisiones se apoyen en evaluaciones concretas, procedimientos adecuados y un uso eficiente de los recursos públicos.

Entre los antecedentes de los cuestionamientos sobre las compras electorales figuran dos contratos del IEEM con Cajas Graf para la elección judicial de 2025, por aproximadamente 16.9 millones de pesos. La existencia de esas contrataciones no demuestra por sí misma que se hayan cometido irregularidades.

La decisión aprobada fue regresar los dos proyectos a revisión antes de presentarlos nuevamente al Consejo General. Las auditorías externas y las medidas adicionales para que la ciudadanía vigile las compras fueron propuestas durante el debate; su realización no quedó autorizada con ese acuerdo.