Las comisiones unidas del Congreso mexiquense aprobaron el dictamen para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), que plantea elegir a sus autoridades mediante voto directo de la comunidad, eliminar progresivamente los cobros de inscripción y reinscripción y crear nuevos mecanismos de justicia y supervisión electoral.
La propuesta todavía deberá ser votada por el Pleno legislativo. De aprobarse y entrar en vigor, sustituirá la ley de 1992 e iniciará una transición que contempla dar continuidad a las autoridades actuales y aplicar los cambios de manera gradual.
El dictamen reúne iniciativas de los diputados de Morena Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, de la bancada de Movimiento Ciudadano y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Esta última recoge la propuesta presentada por la propia universidad tras una consulta a estudiantes y personal académico y administrativo.
Uno de los principales cambios es la elección de la persona titular de la rectoría mediante voto personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. Sin embargo, los votos se contabilizarán por sector —estudiantes, personal académico y administrativo— y tendrán el peso que establezca el Estatuto Universitario.
El Consejo Universitario otorgará el nombramiento con base en los resultados que presente el nuevo Órgano Electoral Universitario. El mismo esquema se aplicará para elegir a las personas directoras de los espacios académicos.
Ese órgano será responsable de organizar, conducir y vigilar las elecciones, así como de verificar su legalidad. También tendrá a su cargo los procesos para elegir consejerías universitarias y cualquier otra elección que le encomiende el Consejo.
Para aspirar a la rectoría o a las direcciones se exigirá no haber recibido sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no contar con sentencia firme por un delito doloso que amerite prisión; no estar inhabilitado para el servicio público ni inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. También deberá presentarse un plan de trabajo.
En materia de cuotas, la propuesta prevé eliminar gradualmente los cobros de inscripción y reinscripción. Para ello, la universidad deberá elaborar un plan que permita avanzar hacia la gratuidad sin comprometer sus finanzas ni el cumplimiento de sus funciones. El dictamen no plantea una eliminación inmediata de esos pagos.
También modifica la integración del Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, para establecer igualdad numérica entre representantes del alumnado y del personal académico. Conforme a la distribución descrita en el dictamen, el órgano se conformaría por 223 personas.
La nueva legislación contempla un Sistema de Ética y Justicia Universitaria para prevenir, investigar, resolver y sancionar faltas de integrantes de la comunidad. Su actuación incluirá mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, orientados a resolver conflictos y reparar daños.
Durante la discusión, Movimiento Ciudadano cuestionó que no se incluyera un tribunal de justicia universitaria ni mayores facultades de fiscalización para el órgano interno de control.
La diputada Ruth Salinas Reyes presentó tres reservas para ampliar esas facultades, establecer expresamente la obligación de informar al Ministerio Público cuando se detecten posibles delitos y brindar acompañamiento a las víctimas. Las propuestas fueron rechazadas.
Por el PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez advirtió que la falta de reglas claras podría abrir espacio a decisiones discrecionales, inestabilidad e intervención política en la elección de autoridades universitarias.
La diputada del PT María del Consuelo Estrada Plata pidió no dejar fuera al personal docente y su investigación humanista. En tanto, Octavio Martínez Vargas y Paola Jiménez Hernández, de Morena, destacaron los alcances de la propuesta para fortalecer la formación académica, la transparencia y la calidad educativa.
El dictamen incorpora además un sistema de bienestar y cuidado universitario que contempla salud física y mental, prevención de riesgos y violencias, deporte, alimentación saludable, instalaciones accesibles y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.
Si el Pleno aprueba la nueva ley, la universidad deberá expedir un nuevo estatuto e implementar gradualmente los sistemas, programas y servicios previstos, conforme a los recursos disponibles.
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